Los costes de las nucleares condenan su futuro en España

La crisis energética global ha reabierto el apetito por la energía nuclear, una energía que no genera gases de efecto invernadero como los combustibles fósiles ni está expuesta a la inestabilidad que impone la meteorología sobre las renovables. Francia volverá a construir centrales atómicas tras muchos años de pausa, y el Reino Unido acaba de conceder una subvención millonaria a Rolls Royce para levantar pequeños reactores modulares. Mucho más ambiciosos son los planes de China para reducir su dependencia del cabón. El gigante asiático planea 150 reactores para los próximos 15 años, más de los que el mundo ha construido en las últimas tres décadas. Ese impulso no acaba ahí porque la Comisión Europea baraja designar a la nuclear como una energía “verde” con el respaldo de varios países, un estatus que facilitaría la financiación de nuevos reactores. España no tiene previsto sumarse a la fiesta radioactiva. Tampoco Dinamarca, Luxemburgo o Alemania, que se divorció del átomo tras el desastre de Fukushima hace una década. Pero el debate vuelve a arreciar como en los tiempos más convulsos de un parque atómico español que comenzó a operar en los años ochenta. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla el cierre gradual de los siete reactores que siguen activos entre 2027 y 2035. El año pasado generaron el 22.1% de toda la electricidad consumida, más que ninguna otra fuente de energía, aunque muy cerca de la eólica (21.8%). “Nada ha cambiado respecto a este compromiso”, dijo esta semana el ministerio de Transición Ecológica, que pretende cumplir con el calendario previsto, en contra de la posición del PP o Vox. La intención del Ejecutivo pasa por remplazar esa capacidad con renovables, un desafío que implicará, según los cálculos del PNIEC, instalar anualmente 6 gigawatios (GW) de potencia renovable hasta el cierre definitivo de las cinco centrales todavía activas. Su clausura se pactó con las propias eléctricas, propietarias de las centrales, un negocio dominado por Iberdrola, Endesa y Naturgy. “El mercado eléctrico en España se liberalizó en 1997. Cualquier empresa podría haber propuesto la construcción de nuevas nucleares, pero no lo han hecho”, afirma Eloy Sanz, doctor en Ingeniería Química y miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU. “Las centrales no son rentables. Tanto por sus plazos de construcción como por sus costes, son inversiones arriesgadas que pagan unos tipos de interés muy altos, mucho más que una planta solar, que en año y medio está operativa”. Inviables económicamente Por poner un ejemplo, la sociedad de Iberdrola al frente de su negocio nuclear perdió 1.256 millones de euros entre 2012 y 2017, según públicó Europa Press. “No es viable económicamente”, reconoció su presidente, Ignacio Sánchez Galán, aquel mismo año. Su compañía tiene participaciones en las centrales de Almaraz I y II (53%), Trillo (48%), Vandellós (28%) y Ascó II (15%). Es decir, cinco de los siete que reactores que se mantienen operativos. Tampoco los costes de las nuevas centrales en Occidente son particularmente atractivos. La central francesa de Flamanville lleva 14 años en construcción y tendrá un coste final de 12.400 millones de euros, cinco veces más de lo presupuestado inicialmente. “Hay un factor añadido”, asegura Pedro Fresco, experto en energía y director de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana. “Sus propietario prevén que la electricidad sea mucho más barata en el futuro, a medida que aumenta la generación con renovables. De ahí que no quieran continuar con las condiciones actuales”. Esa última frase es clave. Al sector le gustaría extender la vida de sus reactores --que tienen una edad media de 34 años, cuatro más que la media mundial, según Greenpeace--, pero no sin garantías de beneficios. La industria se queja de la elevada fiscalidad que enfrenta, a la que ha sumado las inversiones en seguridad que tuvo que acometer tras la catástrofe Fukushima. De acuerdo con el Foro Nuclear, el 60% de los ingresos de las centrales se va en impuestos. “Es una verdad a medias”, dice Fresco. “Es cierto que la fiscalidad es alta pero una parte se dedica a almacenar los residuos y gestionarlos una vez se desmantelen las centrales. Cuando eso ocurra, nos daremos cuenta que el dinero es insuficiente y tendrá que asumirlo el contribuyente a través del Estado”. Residuos radioactivos Junto al riesgo de accidentes nucleares, que tuvo en España su episodio más dramático en Vandellós I (1989), la gestión de los residuos es la cruz más pesada de la industria. “Preservan sus propiedades radioactivas durante decenas de miles de años y todavía no hay forma de aislarlos eficazmente. No se ha logrado en niguna parte”, asegura Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad. “España ya no puede exportarlos a Francia y se están dejando en las centrales porque nadie quiere un cementerio nuclear cerca de su casa”. Los defensores de las nucleares defienden que, como mínimo, deberían mantenerse como respaldo para las renovables. Y, más, teniendo en cuenta que el ritmo fijado por el Gobierno para reemplazarlas con nuevas renovables no se está cumpliendo. Frente al objetivo de añadir 6 Gw anuales, el año pasado se instalaron 3.7 Gw y este año rondan hasta la fecha los 2 Gw. “En parte se debe a la pandemia, pero también a cierto colapso administrativo por la cantidad de solicitudes recibidas y al creciente rechazo social contra los grandes macroproyectos fotovoltaicos o eólicos”, dice Fresco. Lo que no significa que no se vayan a cumplir los objetivos. "Es posible, pero hay que apostar más por las renovables. Alemania tiene dos millones de tejados con placas solares, aquí solo tenemos 40.000”, asegura Prieto desde el Observatorio de la Sostenibilidad. “Hay que dar más facilidades. Hoy necesitas 19 trámites para instalar una placa en tu tejado. Vaya, que prefieres morirte antes. Hay que regalarlas o liberalizar del todo el sector porque seguimos muy atados a las eléctricas”.

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