Lo recibió por correo electrónico toda la plantilla el pasado lunes. El Consorci de Serveis Socials, por orden de la Conselleria de Drets Socials, ha abierto una revisión de oficio dentro del ente para esclarecer por qué sus trabajadores cobraron el retorno de la paga extra de 2012 en 2017 y no en 2018. La preocupación se extendió entre los empleados, que temen tener que devolver este dinero. La Generalitat insiste en que no es su intención, y asegura que esta es tan solo una de las tres revisiones de oficio abiertas a raíz de las irregularidades detectadas en el ente destapadas por EL PERIÓDICO. Tienen que ver, entre otras, con contratos millonarios adjudicados a dedo o sobresueldos sin justificar debidamente entre los directivos. El Govern no quiere decir abiertamente qué investigan las otras dos revisiones de oficio ni tampoco ha querido mostrar los documentos a este diario.