Los cuatro momentos de alto peligro en una cárcel

Cuando comenzó su carrera, al funcionario de prisiones de Alicante J.L. le dijeron la frase habitual que se le dice al novato al iniciarse: “En tu vida penitenciaria te llevarás al menos un golpe y contarás al menos un muerto”. J.L. ha sido este miércoles uno de los centenares de trabajadores de las cárceles que se han concentrado media hora al mediodía ante las subdelegaciones del Gobierno en las provincias del territorio penitenciario que rige el Ministerio del Interior, toda España excepto Catalunya y el País Vasco. Los han llamado a protestar las centrales Acaip-UGT y CSIF –en pleno conflicto colectivo con Interior- ante los ataques a funcionarios que se registran este otoño. La protesta se produce después de una agresión sexual a una maestra en la cárcel de Jaén, un homicidio frustrado en la de Cuenca y la rotura de dos dientes a una funcionaria en la de Logroño. El asunto de la violencia intramuros aflora de nuevo, pese a que las estadísticas no señalan más incidencia de la conflictividad. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay tendencia a la baja en el número de este tipo de incidentes: 359 en 2016, 305 en 2017, 223 en 2018 y en 2019, y 176 el año pasado. “Pero en 2016 cambió el criterio de contabilización de agresiones a raíz de la aprobación de un nuevo protocolo”, matizan en Acaip-UGT. La incidencia no sube; otra cosa es la gravedad de los casos. De ella habla la escena del jefe de servicio de la prisión de Cuenca llegando al hospital el pasado día 27 con una gran hemorragia manando de su cuello después de que un preso le cortara con un cristal. El caso, como el de Jaén y el de Logroño, pasa al bagaje acumulado por los funcionarios de prisiones en toda España, que les lleva a identificar, igual que los presos veteranos, los cuatro momentos de alto riesgo que se dan en una prisión. 1.- El traslado “Cualquier preso del Este de Europa se vuelve peligroso cuando lo van a extraditar”, cuenta F.L., funcionario en una prisión barcelonesa. Sus colegas saben que un interno extranjero en proceso de extradición tendrá la tentación de atacar a un vigilante para provocar ser procesado y cumplir condena en España, evitar que lo trasladen a una prisión de “Bulgaria, Ucrania o Georgia, que son más temidas”, explica el vigilante. De igual manera, el traslado entre módulos o entre centros penitenciarios contraría al preso que ya tiene su vida hecha en su celda habitual. La paliza a una funcionaria de Logroño el pasado sábado se cuando se trasladaba a la presa agresora. 2.- La requisa Uno de los momentos de mayor peligro vividos recientemente en la prisión de Ponent (Lleida) tuvo lugar el pasado sábado 6, cuando el servicio de seguridad del centro interceptó la entrada de cinco móviles (están prohibidos) y de varias dosis de drogas. Tras la requisa, la dotación de guardia tuvo que emplearse a fondo para evitar una pelea tumultuaria en una zona sin videovigilancia. “La tensión crece mucho tras una requisa, sobre todo si es de drogas. En ese caso, las dotaciones de los módulos han de ser reforzadas, porque hay gente que se queda sin consumir y se excitará, y porque la droga que quede en el interior se convertirá en algo escaso por lo que pelear”, explica L.R., veterano de la cárcel madrileña de Soto del Real. Entre los momentos de peligro por una limitación al preso está también la prohibición de las comunicaciones o visitas del exterior. La última grande, y general, tuvo lugar durante el confinamiento anticovid en la primavera de 2020, “pero se saldó muy bien, porque los presos entendieron muy pronto la situación”, explican fuentes de la Secretaría General. 3.- Las aglomeraciones Las horas del desayuno, comida y cena son tres momentos de posible “incidente regimental”, que es como llama la jerga burocrática a casos de agresiones a funcionarios o entre presos. “Es un rato de tumulto, de mucha gente junta, que aprovechan los alborotadores buscando la confusión”, explica J.L. Ese es el hueco propicio para el hecho violento más frecuente en prisión, que no es el ataque al funcionario: según datos de Interior, entre 2016 y 2020 se han registrado 23.049 incidentes entre internos, generalmente peleas. Un 20% de la población reclusa en España –más de 55.000 personas este año- es susceptible de protagonizar un incidente violento, según la experiencia de Acaip. El porcentaje crece a un tercio para peleas con otro preso. Por ello es curiosa la escasa incidencia de homicidios. El último “incidente regimental” con resultado de muerte tuvo lugar en Alicante en el verano de 2019. Un preso atacó a otro porque roncaba. El roncador empujó a su compañero de celda. El que protestaba cayó golpeándose letalmente la cabeza con el lavabo. 4.- El reparto de medicamentos La sanidad civil y la penitenciaria no tienen aún la conexión suficiente para eliminar picos de tensión como el que provoca un retraso en el reparto de medicación a los internos de una prisión. “Y ese es uno de los motivos lamentablemente más frecuentes de altercados”, explican en Acaip. No necesariamente ha de tratarse de medicación psiquiátrica, por más que brotes de problemas mentales sean temidos por los funcionarios, especialmente en Catalunya según refieren fuentes sindicales. La falta de personal médico calienta aún más la tensión en los retrasos. Pagará el Estado La violencia en las prisiones es un clásico de la vida penitenciaria, un endemismo intramuros, pero rebrota la tensión entre los funcionarios por el asunto en etapas –como el actual- de conflicto laboral con el Ministerio del Interior o la Generalitat. Se vive ahora un periodo parecido al de 2018. El domingo 22 de julio de aquel año, el preso E.B. del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero) se abalanzó fuera de sí sobre un funcionario en prácticas en el módulo 6 de esa prisión. El interno le arrancó parte de la oreja derecha de un mordisco. Otros funcionarios presentes consiguieron evitar que se tragara el pedazo de carne y, con él recuperado de su boca, enviar al hospital a la víctima para una cirugía reconstructiva. Antes, el esfuerzo de reducir a E.B. y abrirle la boca se saldó con otros cuatro heridos, uno de ellos con un dedo roto. En diciembre de ese año compareció en el Congreso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, y ofreció el recuento oficial de agresiones a funcionarios hasta ese mes: 218. La cifra iba a la baja: en 2017 habían sido 305 y 475 en 2010. Ortiz defendió que sea el Estado quien se haga cargo de las indemnizaciones al agredido si el condenado por un ataque es insolvente. La propuesta no se ha materializado aún, congelada en el proyecto de Ley de Función Pública Penitenciaria que se paró en febrero, aunque fuentes penitenciarias adelantan a este diario que podría retomarse muy próximamente, y tras la cadena de ataques registrados desde octubre pasado. El momento de tensión que se vive en las cárceles coincide en el calendario con la reciente entrega por parte del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa de un informe en el que considera "consistentes y creíbles" un conjunto de "muchas denuncias" recibidas durante una inspección en diversas cárceles españolas. El informe habla de "bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras" denunciados en las cárceles. La incidencia a la que apunta ese comité no tiene refrendo total en la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Según el recuento que hace el gobierno de los jueces, en 2020 se consumaron 41 delitos judicialmente comprobados de tortura. En los seis años anteriores a 2020 fueron condenados 448 funcionarios públicos por ese delito, según la misma fuente.

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