Un chico es apaleado en un botellón el parque de La Devesa de Girona por un grupo de cuatro hombres hasta el punto de tener que ser atendido en el hospital. Una mujer trans es agredida en la estación de Sants por parte de un vigilante de seguridad. Un chico es perseguido por otro vigilante del transporte público a gritos de 'maricón'. Son tan solo tres agresiones contra el colectivo LGTBI registradas en un solo día, el pasado viernes, que se suman a las 214 incidencias discriminatorias registradas este año por el Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya y las más de mil desde que se aprobó la ley catalana contra la homofobia en el Parlament. La entidad dice haberse visto "desbordada" ante el aumento de casos, que supera todos los registros de los últimos siete años y lamenta que la Generalitat solo ha sancionado el 1% de los agresores.
El ataque homófobo contra una pareja gay en la playa de Barcelona este verano fue uno de los más destacados. Y de hecho, el único que ha acabado en diligencias judiciales por parte de los cuerpos de seguridad. Pero en Catalunya este año ya se han tramitado más de 214 casos de discriminación contra el colectivo LGTBI (31 de los cuales son agresiones físicas). Son un 46% más que el año anterior, y el 74% más si se compara con 2019. La mayoría se producen contra hombres gais en la calle ya sean en forma de agresiones físicas o verbales, aunque crecen con fuerza las que ocurren dentro del domicilio de las víctimas en espacios de la administración.
Poca implicación política
Más allá de los discursos de condena y el apoyo al movimiento LGTBI, la entidad reprocha lo poco que se ha avanzado en los derechos del colectivo. Han agradecido el cambio de tendencia para que las mujeres lesbianas puedan acceder a tratamientos de inseminación de forma gratuita o que las trans puedan operarse para cambiar su sexo y de nombre sin pasar por un tratamiento psicológico. Sin embargo, achacan que el reglamento del Govern para sancionar y multar los ataques a las personas LGTBI aún no se haya redactado, precisamente todos aquellos que no constan en el código penal como son las amenazas, los insultos, la incapacidad de alquilar un piso o el 'moving' laboral.
"De las mil incidencias que hemos registrado en estos siete años, solo se han interpuesto 10 sanciones", se ha quejado el presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez. También ha asegurado que el ente que menos ayuda económica les aporta es, precisamente, el Govern. En los casos graves, Rodríguez sí que ha agradecido la respuesta de los Mossos. "Cada vez nos cuadran más nuestras denuncias con las que reciben los Mossos, las personas LGTBI están perdiendo el miedo a denunciar cuando los hechos son graves", ha dicho Rodríguez. Aunque ha señalado que la mayoría de casos, ni terminan en detenciones policiales y aún menos en instrucciones judiciales.
Las 'manadas' a la caza del diferente
"No creo que haya grupos organizados previamente que busquen personas LGTBI para atacarlas, pero sí que estamos viendo, y esto Interior nos lo confirma, que hay jóvenes que en el contexto de una fiesta agreden a personas LGTBI, igual que lo harían contra mujeres o personas con diversidad funcional: van a por el diferente", ha contado Rodríguez. Diferencia, pues, las agresiones de estos años con la que sufrió la transexual Sonia, asesinada por un grupo de 'skins' en 2011 que sabían quién era y dónde estaba. "Pero es importante que paremos esta deriva, esta impronta, creo que son jóvenes que están interiorizando los mensajes de la ultraderecha", ha dicho.
Para hacerlo, el Observatori ya está trabajando con el Parlament de Catalunya, y más en concreto la comisión de Igualdad, para que creen un grupo de trabajo que permita encontrar una solución ante este fenómeno. "Nos gustaría que pasaran expertos, que se escuchara al colectivo, y que los grupos políticos de distintas sensibilidades llegaran a un acuerdo para atajar este problema, esta violencia a la que nos estamos exponiendo", ha remachado.