En enero de este 2021, tras casi un año durísimo de pandemia, el Tribunal Constitucional (TC) anulaba el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por el Govern que obligaba a bancos, fondos de inversión y grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables antes de desahuciarlas. Suspensión que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calculaba que afectaba a unos 3.000 hogares de familias empobrecidas en Catalunya, pendientes de firmar un alquiler social al que según esta ley tenían derecho. Familias, además, muchas de las cuales ya fueron desahuciadas durante la crisis hipotecaria del 2008 y que ahora el coronavirus ha vuelto a poner en jaque.
Derecho a la vivienda
La PAH prevé un tsunami de desahucios "si nada cambia"
La moratoria durante la pandemia ha supuesto un respiro, pero los casos se han ido acumulando y al finalizar la suspensión, el 31 de octubre, "la situación puede ser dramática", advierten
El movimiento por el derecho a la vivienda trabaja para que salga adelante "cuanto antes" el nuevo decreto catalán antidesahucios que sustituya al tumbado por el Tribunal Constitucional en enero
Desahucio parado en Sant Roc, en Badalona. /
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