El pasaporte covid: ¿es compatible la seguridad sanitaria con las libertades individuales?

El debate resurge con fuerza a raíz de la decisión de Francia, Italia y otros países europeos de exigir el llamado pasaporte covid para acceder a restaurantes, cines, teatros y otros espacios cerrados. La medida tranquiliza a quienes defienden el derecho de los vacunados, e inquieta a quienes ven una especie de dictadura sanitaria. EL PERIÓDICO ha pedido opinión a diferentes expertos para ver qué implicaciones tienen este tipo de herramientas. Todos coinciden en que hay peligros Para evitarlos conviene regular con claridad los casos y circunstancias en que pueden limitarse determinadas libertades. “Está claro que la salud pública es un objetivo de valor constitucional que debe equilibrarse con los derechos individuales, que a su vez tienen sus límites en valores colectivos”, argumenta el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Guillermo Escobar, que pone el acento en la precisión legal. “Si empezamos aceptando restricciones genéricas y no suficientemente justificadas no sabemos dónde podemos terminar”, avisa. Batería de preguntas Buscar el equilibrio pasa por responder a varias preguntas, apostilla José Julio Fernández Rodríguez, experto en derecho constitucional y director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela: ¿la medida es adecuada para cumplir su finalidad? ¿hay otra alternativa sin restringir derechos? ¿los intereses que se quieren proteger son superiores a los derechos de la persona? “En el caso del pasaporte covid habría que ver si se trata de una medida proporcionada”, subraya. Mientras, en la Societat Catalana de Salut Pública consideran que lo que hay que evitar es “penalizar a sectores de la población que aun no han sido vacunados, no porque no quieran, sino porque no han tenido la oportunidad”. “Insistimos en que todas las decisiones de salud pública estén bien justificadas. Si es así, están basadas en la evidencia, son proporcionales y buscan controlar el covid-19 y el beneficio de la salud colectiva haciéndolo compatible con el mínimo impacto en las libertades, serán acertadas”, agregan en el organismo sanitario, informa Beatriz Pérez. Desde Bruselas, mientras, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que si los miembros de la Unión Europea (UE) siguen los pasos de Francia e Italia exigiendo el pasaporte covid para participar en actividades sociales deben garantizar un trato igualitario a todos los ciudadanos europeos. Escenarios distintos Sin embargo, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, no ve ahora en España un escenario como el francés, entre otras razones porque a diferencia de lo que ocurre en el país vecino la población española no es reacia inmunizarse. “Aquí el problema es que no hay vacunas para todos los que se quieren vacunar”, alega. En todo caso, alerta de que hay que tener cuidado para no “machacar” derechos que “especialmente en este país ha costado mucho conseguir”. A su juicio, se puede optar por el toque de queda sin llegar a medidas tan drásticas como el pasaporte. “No rechazo ningún escenario en el futuro pero, en este momento, no parece necesario”, agrega el epidemiólogo. Guillermo Escobar tampoco lo vería justificado y expresa incluso dudas sobre su legitimidad, al mencionar que hay otros derechos en juego, como de la libertad de empresa, el derecho al beneficio económico y el derecho al trabajo. “No es un conflicto tan sencillo entre un derecho de libertad de circulación o de integridad física contra otro de salud pública. Tiene que haber sensibilidad social hacia las personas que están perdiendo su puesto de trabajo y sus empresas”, asegura. La directora del Observatori de Bioética de la Universidad de Barcelona, Itziar de Lecuona, admite, por su parte, que, ante una emergencia sanitaria, pueden adoptarse restricciones para proteger la salud pública pero, en ningún caso, “anular” derechos. Lecuona hace hincapié en un aspecto fundamental al que no se le está prestando la atención suficiente: las amenazas en el mundo digital. Datos y cesiones paulatinas En este contexto, Lecuona es crítica con el procedimiento seguido para alumbrar el pasaporte sanitario europeo. “Se están dando datos a un tercero que no sabes quién es, y no se ha hecho la evaluación de impacto a la que obliga la normativa europea de protección de datos. No olvidemos que proteges a la persona protegiendo sus datos”, lamenta. La responsable del Observatori opina que la desprotección de los datos abre la puerta a otros usos, y que disposiciones nacidas con la pandemia pueden instalarse de forma permanente desviándose para otros fines. Y recuerda que los derechos que se pierden no se recuperan. “La pandemia desaparecerá, pero esas medidas no. Eso es preocupante. Un código QR es lo más fácil de 'hackear' y quien tenga esa información tiene poder sobre nosotros. En ese mundo digital se pierden derechos”, insiste. También los derechos analógicos se disipan, aunque no necesariamente por la pandemia. En un sistema que tiene algo de “perverso” empezaron a menoscabarse hace décadas, cuando en un entorno de amenazas emergentes desde la caída del Muro de Berlín, y agitadas en 2001 por los atentados del 11-S, las libertades y derechos individuales se podían sacrificar en el altar de la seguridad nacional, recuerda Fernández Rodríguez. “Aunque teóricamente es fácil defender la búsqueda de un equilibrio, en la práctica la balanza de la seguridad pesa más”, reflexiona. Señala, igualmente, que la opinión pública ha ido aceptando paulatinamente restricciones “de una forma irreflexiva”. “Hemos creado un sistema de información que subraya los problemas de seguridad, sea ciudadana o sanitaria”, analiza el responsable del centro universitario gallego, que atribuye este hecho a estrategias comunicativas públicas que generan miedo o hablan de riesgos geopolíticos para justificar restricciones. “Hay un desajuste entre la seguridad necesitada y la seguridad percibida”, resume.

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Al desafío de preservar la salud de la población, la pandemia añade retos como dilucidar los límites a los derechos del individuo que las democracias están dispuestas a aceptar en aras del bien común

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