Alerta mundial por los malos tratos a mayores

Ni los 29.628 fallecidos en residencias por covid-19 (4.543 de ellos en Catalunya) ni las repetidas denuncias de las vulneraciones de los derechos de las personas mayores durante la pandemia han producido aún “cambios estructurales relevantes” en el modelo de atención a este segmento de la población, según Eduard Martínez de Amnistía Internacional. Coincidiendo con el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez que se celebra el 15 de junio, la organización mundial de defensa de los derechos humanos ha publicado una guía dirigida a las autoridades estatales y autonómicas con una propuesta de iniciativa legislativa para mejorar la calidad de vida de los usuarios de centros residenciales. También las entidades locales que luchan contra los malos tratos en la vejez consideran que la clave para lograr “cambios reales” está en pasar de un enfoque asistencial a una mirada basada en los derechos humanos. En una investigación a residencias de Catalunya y Madrid publicada en diciembre, Amnistía ya denunció la vulneración, durante primera ola de la pandemia, de los derechos a la salud, a la vida, a la vida familiar, a la no discriminación y a una muerte digna de muchos usuarios. Más allá de las medidas de corte sanitario y de exigir más recursos públicos, el documento difundido ayer pide garantizar la participación de las propias personas en las decisiones sobre su futuro. Asimismo, Amnistía califica el trabajo de la Fiscalía de "insuficiente” y exige una investigación independiente para determinar la responsabilidad de los gobiernos y las gestoras de los centros en la vulneración de derechos en las residencias durante la emergencia por el covid. El objetivo es evitar que esta situación se repita en el futuro. "Como primer paso debería producirse un debate parlamentario que derivara en una iniciativa legislativa a nivel autonómico para cambiar el modelo residencial, que ahora funciona como un párking o una especie de guardería", considera Martínez. Esta iniciativa debería hacerse "con una perspectiva interseccional, de derechos humanos y de género”, puesto que el 70% de los usuarios de residencias son mujeres. Aunque el Departament de Drets Socials se ha interesado por la publicación de esta guía, ningún portavoz se avino ayer a comentar el documento ni entraron a valorar la conveniencia de celebrar un pleno monográfico o una comisión parlamentaria sobre esta cuestión. Más personal y más inspectores La petición de una nueva ley que proteja los derechos de los mayores tanto en las residencias como en todos los ámbitos de la vida no es nueva. Pero la combativa portavoz de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, María José Carcelén, advierte de que una ley estatal “obligaría a modificar la Constitución y de nada serviría si no aumentan las ratios de personal ni hay suficientes inspectores”. Las reflexiones de Carcelén reflejan la diferencia entre enfocar la atención a los mayores desde el punto de vista exclusivamente sanitario o social a hacerlo desde la mirada de los derechos: “No es posible que abran el ocio nocturno y la gente pueda ir a cenar hasta la una de la madrugada mientras las residencias siguen en un régimen carcelario o, como en Catalunya, solo se permita una visita semanal. ¡Los derechos no cambian en función de la edad!”. Uno de los proyectos emblemáticos de la Generalitat es la inversión de fondos europeos Next Generation en la transformación del modelo de autonomía y atención a las personas mayores. Con un presupuesto de 396,7 millones de euros, se busca, entre otras cosas, enfocar la atención a la vejez en el domicilio y en unidades de convivencia, en lugar de en residencias masificadas. “Me temo que al final estos fondos se los llevarán los mismos de siempre -opina Ingrid Silvestre, directora de la residencia de 24 plazas L'Olivaret de Barcelona-. Dirán que están haciendo un macro centro con unidades de convivencia y ya está. Desde Europa se apuesta por este modelo, pero aquí no sale a cuenta porque se tiene una mirada económica a corto plazo. No se tiene en cuenta que si las personas están bien de salud, contentas y pueden llevar a cabo su proyecto de vida enferman mucho menos y eso supone un ahorro importante a nivel sanitario". Silvestre, que también ha participado en la III Jornada 'El bon tracte ens fa grans' sobre los malos tratos en la vejez, considera que una futura ley de los mayores "tiene que hacerse poniendo la mirada en la propia persona, en qué querrá y cómo querrá vivir cuando sea dependiente y no en lo que decidan los demás". Al final, concluye, "tanto paternalismo con la gente mayor también es violencia porque estás anulando su voluntad".

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