El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó el año pasado a España a indemnizar a una española, Sandra, que durante su parto sufrió 10 tactos vaginales, lo que probablemente causó la infección que sufrió su bebé. Además, le suministraron oxitocina para inducir las contracciones sin motivo justificado y pidió incorporarse para dar a luz, pero no se le permitió. Como estas prácticas, que en determinadas situaciones la ONU ha bautizado como violencia obstétrica, aún se dan en ocasiones, el CEDAW instó a España a formar a los profesionales y a los jueces para evitar tratamientos injustificados, a realizar estudios que permitan visibilizar la problemática y a requerir consentimiento informado en todos los métodos invasivos, salvo que la vida de la madre o el bebé peligre. Y el Ministerio de Igualdad está estudiando cómo llevar a la práctica estas y otras recomendaciones.