NUEVA DEMANDA

Los aspirantes a MIR llevan al Supremo la elección de plazas telemática

  • En el 2020 consiguieron su propósito y vuelven a intentarlo de nuevo este año

  • La demanda sostiene que se están vulnerando derechos recogidos en la Constitución

Concentración de médicos frente al Ministerio de Sanidad. / José Luis Roca

El año pasado consiguieron suspender la obligatoriedad de llevar a cabo el proceso de elección de plazas de Médico Interno Residente (MIR) únicamente mediante vía telemática, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad. El Tribunal Supremo les dio la razón. Ahora, una treintena de aspirantes a estos puestos vuelven a intentarlo con la convocatoria de acceso del 2021 y han vuelto a solicitar a los jueces que adopten la misma medida, según la demanda presentada por el abogado Francisco Pérez Martínez y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El alto tribunal, de entrada y a petición del fiscal, ha acordado la remisión del asuto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque el auto esta recurrido por los demandantes.

El año pasado consiguieron suspender la obligatoriedad de llevar a cabo el proceso de elección de plazas de Médico Interno Residente (MIR) únicamente mediante vía telemática, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad. El Tribunal Supremo les dio la razón. Ahora, una treintena de aspirantes a estos puestos vuelven a intentarlo con la convocatoria de acceso del 2021 y han vuelto a solicitar a los jueces que adopten la misma medida, según la demanda presentada por el abogado Francisco Pérez Martínez y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El alto tribunal, de entrada y a petición del fiscal, ha acordado la remisión del asuto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque el auto esta recurrido por los demandantes.

Los candidatos reclaman la anulación de la orden ministerial de diciembre del 2020 que aprueba la oferta de las plazas y que obliga a relacionarse con la Administración a través de medios telemáticos, lo que, a su entender, vulneran varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el de igualdad y el de poder participar en los asuntos públicos, así como la ley del procedimiento administrativo. Una posterior resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional del 19 de mayo pasado , también impugnada, refrendaba la imposición del uso de internet y sistemas electrónicos, como los certificados.

Los aspirantes pretenden la revocación de la obligatoriedad de formular la petición de la plaza MIR “única y exclusivamente” a través de la solicitud telemática, impidiendo “la opción personal”, alegando, además, que el ministerio sabe que a las personas físicas no se les puede imponer este sistema. La ley, recuerdan, “traslada al ciudadano la decisión de cómo quiere relacionarse con la Administración: electrónica o personalmente”. 

Disponibilidad de medios

La demanda subraya que la orden ministerial “carece de una mínima motivación” y que la Administración tampoco ha acreditado que un “grupo tan dispar de personas” como son los aspirantes a las plazas MIR tenga acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. “Es más, ni siquiera la Administración ha indicado la posibilidad de que algún aspirante puede optar por la vía presencial y no por la telemática ante la ausencia de recursos técnicos”, precisa.

 “El Ministerio de Sanidad ha decidido unilateralmente que todos los aspirantes cumplen con una serie de requisitos que ignoramos y que de ese cumplimiento se deriva la obligación irrefutable de relacionarse con la Administración por medios telemáticos”, recalcan los candidatos. En su escrito detallan que la plataforma habilitada el año pasado producía “errores constantes” y “no puede ser considerada segura y garantista". Respecto la justificación por parte del Ejecutivo de la pandemia por el covid, la demanda incide que el estado de alarma ha decaído, que hay plena libertad de desplazamiento y que no es necesario que todos los aspirantes concurran a las dependencias del ministerio, pues pueden organizarse turnos y se aplicarían aplas medidas sanitarias necesarias. El abogado Francisco Pérez esgrime la sentencia del pasado mayo que les dio la razón y anuló la anterior convocatoria.