El hotel Primus de València, que pertenece a la promotora Urbem, reclama al Gobierno 3,8 millones de euros por las pérdidas que sufrió el año pasado como consecuencia de las restricciones de movilidad para controlar la pandemia. El establecimiento alega que la ley que regula los estados de alarma prevé compensaciones para los perjudicados por este tipo de medidas. La empresa ha formalizado la reclamación ante el servicio de responsabilidad patrimonial del Ministerio de Presidencia. El procedimiento lo ha iniciado el abogado valenciano Mariano Ayuso Ruiz-Toledo y la reclamación va firmada por el presidente de Urbem, José Pastor, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Es la primera reclamación al Gobierno que trasciende de un hotel valenciano. La reclamación es paralela a la batalla legal iniciada por los hoteleros valencianos que han contratado los servicios jurídicos de la consultora EY (Ernest & Young) para obtener una rebaja de impuestos y reclamar ventajas fiscales por las pérdidas que han sufrido por la crisis del coronavirus.