Durante la primera ola de la pandemia del coronavirus y con los fallecimientos en las residencias de ancianos disparados, las fiscalías catalanas y la del resto del Estado abrieron decenas de diligencias civiles para hacer un control de la situación, tanto de los residentes como de sus empleados. A la vez, se incoaron procedimientos de investigación para averiguar si los hechos denunciados por particulares podrían ser constitutivos de delito, aunque casi todos estos casos están archivados por el servicio especializado penal que lo tramitó. La Fiscalía de Barcelona ha dado ahora un paso más en el seguimiento del covid y ha iniciado de oficio 254 diligencias civiles que permitirán tener una radiografía actual y pasada de los efectos la pandemia en centros de la tercera edad, así como del cumplimiento de los planes de contingencia y los protocolos fijados por la Administración.