'Fact-Checking' a las promesas a los temporeros de Lleida

Se acerca el verano y, con él, la campaña de la fruta en Lleida. Cada año, las entidades sociales advierten de la fragilidad de la situación humanitaria de los trabajadores del campo y las autoridades se comprometen a solucionar una situación que se repite desde la entrada de España a la Unión Europea en 1986. Este 2021, a pocas semanas del inicio de la cosecha, varias organizaciones ya están dando cobijo a trabajadores que no saben dónde dormir, una imagen que se ha repetido a lo largo de más de tres décadas, según una retrospectiva de TV-3. El alojamiento es el principal problema que las administraciones han tratado de solucionar con promesas y medidas que han pasado de caravanas móviles, albergues, campamentos del ejército y, el año pasado, la habilitación de un pabellón. El convenio colectivo del campo obliga a los empresarios a dar alojamiento a los trabajadores, pero ni el Ayuntamiento, ni la Diputació ni la Delegación del Gobierno en Lleida pueden decir cuántas personas llegan a hacer temporada sin permiso de trabajo. La Paeria estima que en total son unos 40.000 trabajadores durante la temporada de abril a septiembre. De ellos, un millar pasó por el pabellón de acogida que instaló el municipio, de los cuales un 45% estaba en situación irregular. En 2019, el presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, prometió medidas para mejorar su estadía. Al año siguiente, pese a que se triplicó la inversión para los ayuntamientos del Segrià, la Noguera y el Pla d’Urgell para financiar estas instalaciones, las imágenes de trabajadores durmiendo en la calle volvieron a repetirse, el Síndic de Greuges las calculó en unas 200, con el agravante de la pandemia del covid-19. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, dijo en una entrevista en julio de 2020 que, cara a este año, quería “organizar un operativo con 150 nuevas plazas para ellos”. De hecho, según una nota de la ACN, la concejal de Educación, Cooperación, Derechos Civiles y Feminismos de Lleida, Sandra Castro, dijo entonces que la Paeria estaba trabajando en el plan para el verano de 2021 y planteaba abrir espacios permanentes de acogida para todo el año y no solo durante la temporada. Es una promesa que ya había avanzado Miquel Pueyo en julio de 2019. ¿En qué ha quedado? Nuevo equipamiento para la campaña de la fruta Las novedades llegaron hace unos días, cuando la Paeria y el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat firmaron un protocolo de colaboración para construir un edificio comunitario de múltiples usos que permita “cubrir las necesidades de la campaña de la fruta”, según defendió Miquel Pueyo. Se trata de un edificio en el barrio de las Pardinyes y que, en parte, tiene que servir para acabar con “las imágenes de los últimos veinte años de cientos de personas durmiendo de manera indigna e insalubre en la calle”, según la regidora de Personas, Comunidad y Agenda 2030, Mariama Sall. Tendrá una capacidad para unas 120 personas (para la campaña de la fruta en verano o en el marco del Plan Iglú en invierno), según la nota de prensa de la Paeria. Hace unos días se publicó la licitación del anteproyecto urbanístico y el equipamiento, sin embargo, no estará construido (previsiblemente) hasta 2022. El departamento de prensa de la Paeria, en conversación con Verificat, atribuye la demora a la burocracia e insiste en que se ha estado trabajando. Además, tras el anuncio, apareció la Plataforma en defensa de la Residència Pardinyes, que defiende que el consistorio leridano había prometido en 2007 construir en ese mismo terreno una residencia y un centro de día para la tercera edad. La plataforma también publicó un manifiesto y ha convocado caceroladas para protestar. El 16 de abril, la Paeria se reunió con representantes de la Fundació Privada Pardinyes para informarles de que el Ayuntamiento contempla hacer compatibles ambos proyectos. El pabellón de la Fira de Lleida Como el nuevo equipamiento en Pardinyes no es inmediato, la Paeria volverá a habilitar un pabellón de la Fira de Lleida para acoger a los temporeros, según ha confirmado el consistorio a Verificat. Así lo hizo el año pasado, cuando se puso en marcha un dispositivo de acogida y un censo de las personas temporeras en la Horta (como consta en el Plan de Trabajo). Se instalaron unas 150 plazas y servicios como duchas, comidas o consigna. Eso mismo había ocurrido, por ejemplo, en 2018. En 2019 la campaña de la fruta coincidió con la llegada de un nuevo equipo de gobierno, que anunció dos días después de la investidura que el refugio provisional para temporeros se trasladaría al pabellón Agnès Gregori de Balàfia. Este año, como novedad, se instalarán camas en vez de hamacas, las taquillas serán cerradas, habrá lavandería y la comida se hará de acuerdo con las tradiciones de los países de origen de los temporeros. El Ayuntamiento señala que se trata de un recurso habitacional de emergencia temporal y acotado en el tiempo para que las personas no tengan que dormir al raso cuando llegan a Lleida mientras encuentran una finca donde trabajar y dormir. El pabellón de la Fira de Lleida también se habilitó el pasado invierno en el marco del Pla Iglú, que se activa ante la bajada de temperaturas nocturnas con la prioridad de prevenir del frío a la población más vulnerable. Un mes y medio en el limbo A pesar de estos esfuerzos, las organizaciones sociales critican la poca planificación del Ayuntamiento. Fruita amb Justícia Social lamenta ya hay personas durmiendo en la calle porque los primeros temporeros han llegado, el Pla Iglú (de invierno) ha cerrado y los dispositivos para temporeros no se abrirán hasta el 1 de junio, cosa que “dejará durante un mes y medio en total desprotección estos trabajadores sin alojamiento”. Por su lado, la Fundació Arrels-Sant Ignasi ha alertado de que durante los últimos días han atendido a una quincena de personas recién llegadas para participar en la campaña de la fruta y que aún no se ha abierto el pabellón de la Fira de Lleida. Las demandas de regularización Otra medida aprobada por la Generalitat es el pago de 50 euros semanales para subvencionar el alojamiento de los trabajadores contratados durante un tiempo mínimo de una semana. Los beneficiarios tendrán que estar inscritos en el Servei d’Ocupació de Catalunya. En 2020, sin embargo, el Ministerio de Trabajo realizó 1.647 inspecciones en empresas del campo en toda España y un 70% de ellas resultaron en sanciones por fraude laboral porque se encontraron trabajadores sin permiso laboral, según confirmó el departamento de prensa a Verificat. El Departament de Treball de la Generalitat llevó a cabo, por su lado, más de 760 actuaciones el año pasado, de las cuales más del 80% estuvieron relacionadas con la campaña agraria por incumplimiento de convenio, irregularidades vinculadas con extranjería, seguridad social y la salud laboral, ha detallado Treball. Las demandas de regularización de los trabajadores del campo son históricas desde que la ley de extranjería del 2000, cuando la reforma dificultó la contratación temporal de los trabajadores de la fruta. Miquel Pueyo lo reivindicó a principios de marzo en una reunión con el director general de Migraciones del Gobierno, Santiago Yerga: “Hemos reiterado al director general nuestra demanda de procesos de regularización dirigidos a personas que están aquí y llevan años aquí y que no desaparecerán. Pero nos ha dicho que no tienen prevista ninguna modificación de la normativa de extranjería en este sentido”, explicó Pueyo. Es una demanda que el 'paer en cap' ya había hecho en junio de 2020, sin resultados.

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