Un juez de Benidorm tendrá que decidir sobre la custodia compartida de un perro

Un juzgado de Benidorm ha admitido a trámite una demanda por la que deberá decidir si concede el régimen de custodia compartida para un perro y que se disputa una pareja separada, según confirmó este diario en fuentes judiciales. La demanda ha sido presentada por el abogado Francisco González en nombre del dueño del animal en un momento en que el Congreso de los Diputados se está tramitando una reforma del Código Civil para que los animales sean considerados como seres vivos y no como cosas y que abre la puerta a que los tribunales puedan decidir sobre su custodia, aunque esta modificación legal no está aún en vigor. El letrado representa al propietario de una perra un bichón maltés blanco llamado Bimba, que compró con su expareja y a quien ahora ella no deja verla. Los conflictos sobre los derechos de visita de la mascota tras la ruptura de la pareja pueden ser tan traumáticos como los que se generan en el caso de los hijos. Aunque en este caso en concreto, la pareja sí que tenía una hija en común, así como otra niña nacida de una relación anterior. La perra estuvo viviendo en el domicilio familiar mientras duró la relación y era él quien se hacía cargo de los gastos derivados de su cuidado. Desde la ruptura de la pareja en diciembre de 2019, se estableció un régimen de custodia compartida para la hija que tenían en común. Sin resolución judicial alguna, los dos cónyuges pactaron de mutuo acuerdo para la perra un régimen compartido de estancia del animal, haciéndolo coincidir con los días que a la otra parte le tocara estar con la pequeña. Durante el primer año el acuerdo funcionó bien. Pero con el tiempo la relación se fue deteriorando y las fricciones y discusiones sobre el cuidado de la perra se hicieron más frecuentes hasta que el pasado 21 de febrero, la mujer se negó a entregársela alegando que Bimba era de su otra hija y que él ya no la podría recoger nunca más. El hombre no está de acuerdo y ha acudido a los tribunales para defender el derecho a ver a su perra reclamando un régimen de custodia compartida. La demanda ha recaído en el juzgado de Primera Instancia número cinco de Benidorm que ya ha emplazado a las partes a presentar la documentación. Incripción en el registro En el registro, la mujer aparece como la propietaria oficial de Bimba. El demandante asegura que esa inscripción es meramente formal al haber sido ella quien llevó a la perra a poner el chip, ya que ese día él no pudo hacerlo personalmente. La Red Española de Identificación de Animales de Compañía solo permite que la inscripción figure a nombre de una persona. En aquel momento, el hombre no vio ningún problema porque la compra fue consensuada en la confianza de que la propiedad de la perra sería compartido por los dos, sin poder imaginar que después llegarían a torcerse las cosas, argumenta la demanda. Sostiene el demandante que esta situación le está causando un grave daño moral al privarle de las compañía de Bimba «pues tal es el amor que profesa a la perra. Por no hablar de que la hija menor no entiende por qué Bimba ya no está con ella en los días en los que convive con su padre». La demanda reclama que se declare la copropiedad de la perra y se declare el derecho compartido de posesión y disfrute del animal, coincidiendo con los días en los que está la hija menor con cada uno de los cónyuges, así como estableciendo un reparto de los gastos de atención sanitaria, como el veterinario y las vacunas, y otros gastos extraordinarios que pudieran surgir para su cuidado. En el escrito presentado al juzgado se advierte de que el demandante «no comparte la consideración de Bimba como un mero bien inmueble, sino como un ser vivo dotado de sensibilidad». En la demanda se incluyen precisamente extractos de la nueva ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Una ley para las mascotas en casos de divorcio El Congreso de los Diputados aprobó el martes una proposición de ley para reformar el Código Civil para que los animales sean reconocidos como seres vivos dotados de sensibilidad. Una propuesta que en la práctica supone que los tribunales puedan decidir sobre la custodia de las mascotas. La iniciativa lleva varios años en el Congreso pero todavía no ha entrado en vigor.

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