Un fallo de organización en la UB impide examinarse del MIR a una veintena de opositores

En una media hora, al menos 22 de estudiantes de MIR y de otros exámenes de sanidad especializada como farmacia, psicología o enfermería vieron cómo el esfuerzo de decenas de meses se esfumaba debido, según su relato, a un clamoroso fallo de organización. Y es que no pudieron realizar las pruebas porque en uno de los aularios de la facultad de Economía y Empresa, de la Universitat de Barcelona (UB), el examen comenzó más tarde y no pudieron comprobar a tiempo que la sala donde ellos debían examinarse estaba en un edificio anexo. A su juicio, esta circunstancia incumple la norma de que la oposición comience al mismo tiempo en toda España, para evitar filtraciones y otras irregularidades. El Colegio de Médicos de Barcelona da credibilidad a su relato, que dejaron por escrito en un acta notarial y ha dirigido un escrito al director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, el doctor Vicenç Martínez, en el que solicita que se ofrezca una “solución inmediata” a estos jóvenes, de forma que “puedan acogerse a la convocatoria actual” y no queden perjudicados por no haber podido realizar el examen, por causas ajenas a su voluntad. El esfuerzo Y es que los graduados afectados sienten que les han “robado la oportunidad” de ejercer de médicos en España, dado que el MIR es necesario para trabajar tanto en la sanidad pública como en la privada, y en medio de una pandemia. “Estoy destrozada por la cantidad de esfuerzo inmensurable que no ha servido para nada”, explica Carla Iturralde, que vive en Bolivia y se desplazó exclusivamente para realizar el examen. En su caso, el día anterior visitó la facultad para saber donde tenía que examinarse y le indicaron un acceso que el día señalado, el 27 de marzo, “estaba cerrado”. Si bien, vio que en la entrada principal había multitud de gente “y se quedó tranquila, esperando allí a que les permitieran entrar, dado que una persona comunicó que los exámenes aún no habían llegado y que la facultad continuaba cerrada”. Pero, cuando finalmente pudo acceder, más allá de las 16.00 horas, que era la hora a la que debía haber comenzado el examen, le indicaron que ella tenía que realizarlo en otro edificio anexo, donde la prueba sí comenzó puntual y ya no le permitieron entrar. Como a ella, a una cincuentena de licenciados, pero solo 22 se quedaron esperando durante horas una solución. Y levantaron el acta notarial, donde consta, según testificó una de las estudiantes que sí pudo examinarse, que en el edificio principal la prueba comenzó a las 17.01 horas. El repartidor Se da la circunstancia, según explica otra de las afectadas, Ángela Ribes, que el repartidor de los exámenes también confundió los dos aularios, por eso “llegó tarde y comenzó el llamamiento para entrar a las 16.00 horas, en lugar de a 15.00 horas”. El fallo se habría subsanado si hubieran permitido entrar a los opositores a la hora, aunque no estuviera allí físicamente el examen, para que comprobaran donde estaban sus aulas, lo que hubiera permitido a los convocados en el edificio anexo llegar a tiempo allí al examen. O se podrían haber paralizado las pruebas en toda España, como según los estudiantes sucedió en 2017 por un retraso en las pruebas de Canarias. “Pero no buscaron soluciones ni nos permitieron hacer el examen todos al mismo tiempo en otra aula”, lamenta Ribes, quien explica que han contratado un abogado para reclamar a Sanidad o en los tribunales que se les devuelva la oportunidad perdida. Si bien, no lo tienen fácil. En respuesta al requerimiento de EL PERIÓDICO, el Ministerio reconoce que en la Facultad de Economía "se realizó el llamamiento más tarde de lo habitual", pero asegura que "los exámenes se desarrollaron con absoluta normalidad". Además, Sanidad culpa a los afectados de "no haberse presentado en el centro asignado" y señala que no es posible convocar un examen extraordinario porque "la elaboración de las pruebas conlleva más de seis meses de trabajo" y "un retraso en la adjudicación de plazas y, por tanto, en la incorporación de los nuevos especialistas".

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Los afectados han levantado un acta notarial y el Colegio de Médicos reclama a Sanidad que les ofrezca una “solución inmediata”

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