La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia de nuevo la saturación endémica que existe en los juzgados y, sobre todo, el colapso en la tramitación de determinados pleitos que inciden directamente en la vida de los ciudadanos, como son los laborales. En Barcelona se están señalando en estos momentos juicios ordinarios por ertes y despidos hasta a dos años vista, es decir para 2023, lo que provoca desasosiego entre la clase trabajadora. En Sevilla es peor: se están fijando para enero de 2025. Pero ese no es el único problema, los juzgados mercantiles acumulan 20.0000 procedimientos de reclamaciones vinculadas al transporte aéreo, como anulación de viajes, retrasos en los vuelos o pérdidas de maleta. Estos órganos judiciales están al límite de sus capacidades y se encuentran ante un riesgo de colapso.