La guerra del lobo

La incorporación del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), acordada en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado día 4, ha desatado una guerra política y territorial de incierto desenlace. De momento, los principales damnificados han sido el propio cánido y los ganaderos con los que comparte hábitat, cuyos intereses han quedado opacados por la cascada de declaraciones públicas desatada en los últimos días. Desde ya, el ‘canis lupus’ puede presumir de haberse cobrado varios trofeos políticos. Uno ha consistido en poner de acuerdo a gobiernos de ideologías tan dispares como los de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que han amenazado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con llevarle ante los tribunales si no autoriza la caza del lobo. También ha provocado un cisma en el ejecutivo de Sánchez que empequeñece las zancadillas que suelen lanzarse los dos partidos coaligados: el ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, ha llegado a declarar que está “en total desacuerdo”, con la medida. Especie protegida Unidas Podemos aplaude que el lobo pase a ser especie protegida, pero el coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, anima al presidente autonómico a mantenerse “firme y rotundo” frente a la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, a la que acusa de “agredir al Principado”. No anda falto de apoyos Adrián Barbón para mostrarle los colmillos a sus socios políticos de Madrid a cuento del predador. De hecho, es difícil encontrar un alcalde al norte del río Duero, donde se concentra el 95% de los cánidos y su caza era legal hasta ahora, que no haya alzado la voz contra la nueva normativa. Temen que el precio de proteger al lobo sea acabar con la ganadería extensiva que prospera en la zona. En vista de la polvareda levantada, el secretario de estado de Medio Ambiente, el también asturiano Hugo Morán, intentaba tranquilizar a sus paisanos esta semana y advertía en ‘La Nueva España’ que el nuevo reglamento “no va a suponer ningún problema, porque solo afecta a las comunidades donde el lobo era considerado objeto de caza deportiva”. Desde hace 30 años, ese no es el caso de Asturias. Morán tiene previsto reunirse este lunes con representantes de las comunidades loberas para enterrar el hacha de guerra. El ambiente crispado con que ha sido recibido el nuevo modelo de gestión del lobo que se pretende implantar en toda España –al sur del Duero, su caza ya era antes ilegal- ha avivado en las comarcas del noroeste un discurso quejumbroso según el cual la medida ha sido diseñada en despachos urbanos, sensibles al sentir medioambiental pero ignorantes de lo que ocurre en el mundo rural. “Quien apoya estas decisiones vive de espaldas a los pueblos. Son medidas de ecologistas de salón”, bramaba esta semana José Antonio Prada, delegado provincial de caza de Zamora, en las páginas de La Opinión. Más allá del rifirrafe político y territorial, la realidad del lobo y de las comarcas donde convive con el hombre pivota sobre varias preguntas que estos días han sido silenciadas por el ruido mediático y los análisis de brocha gorda. ¿El lobo está amenazado y debe ser protegido o esa categoría no le corresponde? ¿Cuál es el impacto real que tiene la caza del cánido en la supervivencia de los rebaños? Y la madre del cordero: ¿la ganadería extensiva puede convivir con el predador o esa cohabitación es imposible? La llamada de Rodríguez de la Fuente Lejos quedan los años en los que Félix Rodríguez de la Fuente llamaba la atención en sus míticos documentales televisivos sobre la agónica situación que vivía el lobo a finales de los años 70. Diversos planes de repoblación lo libraron de desaparecer de la Península Ibérica, donde es endémico, y desde entonces su presencia se ha mantenido más o menos estable. Los dos grandes censos llevados a cabo, uno en 1988 y otro en 2014, revelaron la presencia de 300 manadas que sumarían un total de 2.000 animales repartidos, principalmente, por los montes del cuadrante noroccidental de España y Portugal. El lobo ha desaparecido de Sierra Morena, y los que a veces se ven en el Pirineo provienen de Francia, no de Castilla, territorio lobero con el que no hay comunicación posible para los cánidos desde Catalunya. En la Sierra de Madrid ha vuelto a detectarse su presencia a mediados de la década pasada después de que sus aullidos estuvieran silenciados durante más de 70 años. Con este panorama estable, nada invitaría a cambiar el actuar modelo de gestión del lobo en España. Sin embargo, los especialistas encargados de estudiar sus pasos advierten de los peligros que esconde esta foto. “Las manadas muestran muy poca variabilidad genética. Al vivir aislados de Europa y ser tan pocos, cualquier enfermedad contagiosa podría acabar con todos. No están en peligro de extinción, pero deben ser protegidos”, explica Alberto Fernández Gil, investigador del CSIC dedicado a analizar la genética de los lobos de la cordillera Cantábrica, quien añade: “Prohibir la caza no es un capricho de los ecologistas ni del Ministerio, lo exige la directiva Hábitats de la Unión Europea y lo avala el Comité Científico de Flora y Fauna”. Nadie en su sano juicio se opondría a proteger una especie amenazada. El problema del lobo es que su existencia tiene costes contantes y sonantes para la ganadería. El sector calcula que cada año mueren por ataques de este predador entre 3.000 y 4.000 cabezas de ganado. “Hace diez años, esta cifra era menor. Si ahora crece la población de lobos, los negocios ganaderos de los pueblos acabarán cerrando”, aventura Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León. Comunidades loberas Hasta ahora, este difícil equilibrio se mantenía mediante la caza. Al menos, ese era el sentido del cupo de cánidos que las cuatro comunidades loberas permitían abatir de forma legal, una captura que, sin contar con la caza furtiva, cada año suele sumar un centenar de cadáveres. Sin embargo, este sistema tampoco conseguía evitar los ataques de cánidos. “Porque es imposible proteger al ganado a través de la caza, salvo que nos los carguemos a todos”, advierte Carles Vila, investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor de una tesis doctoral sobre el comportamiento de este predador. En su opinión, la escopeta sirve para calmar ánimos, pero no para salvar ovejas. “Se matan lobos para que parezca que se hace algo, pero esto no libra al ganadero del próximo ataque. A veces, el efecto es el contrario: cuando matan al líder de la manada, el grupo se desestructura y entonces van a por la presa más fácil, que es el ganado”, avisa. A escasos días del cambio de estatus del lobo, las posturas entre ganaderos y conservacionistas parecen irreconciliables. Estos proponen fórmulas como las que se aplican desde hace décadas en la Sierra de La Culebra, en Zamora, donde vacas y ovejas comparten los prados con los lobos, pero separados por buenos sistemas de vallado y con asistencia de mastines que ahuyentan a los predadores. “El lobo debe estar en reservas naturales, no libre por el monte. Su presencia es incompatible con la ganadería”, responde el presidente de ASAJA. Solo parece haber acuerdo en un punto: los ganaderos que padecen al lobo deben estar más amparados de lo que lo estuvieron en el pasado. El mismo día que se prohibió su caza, Miguel Ángel Marcos, titular de una explotación de 2.000 ovejas en Villalonso (Zamora), recibió la visita de una manada que mató a 69 de sus borregos. El ganadero asegura que no odia al lobo. De hecho, reconoce que le gusta verlo en el monte, pero considera que la factura de mantenerlo suelto debe ser asumida entre todos. “Eso significa mayores compensaciones económicas cuando hay ataques y carne mejor pagada. Pero al lobo no podemos sufragarlo solo los ganaderos”, concluye. El dinero, que todo lo arregla, quizá pueda solucionar también la guerra del lobo.

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