El Noroeste, dispuesto a impugnar el acuerdo estatal de protección total al lobo

Las regiones del Noroeste buscan en bloque medidas legales para tumbar la votación que este viernes dio mayoría a las comunidades que quieren que el lobo se incluya en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y esté completamente protegido en toda España. El consejero asturiano de Medio Rural, Alejandro Calvo, avanzó que peleará por lograr una estrategia nacional que permita el modelo asturiano de gestión del lobo. La oposición de los socialistas asturianos a la decisión del Ministerio, que gobierna su mismo partido, es rotunda. La preocupación de Asturias es compartida por las comunidades al norte del Duero y por eso mismo el socialista Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural, se reunió ayer telemáticamente con sus homólogos de Galicia (PP), Cantabria (PRC) y Castilla y León (PP) tras el jarro de agua fría que recibieron este jueves al conocer la decisión encabezada por el Ministerio de Teresa Ribera. El consejero del ramo cántabro, Guillermo Blanco, anunció ayer que el Gobierno de Cantabria va a “seguir gestionando el control del lobo” en la comunidad autónoma “pase lo que pase”, y declaró que “desde Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León vamos a impugnar”. Fue el más rotundo. Ethel Vázquez Mourelle, su homóloga gallega, informó de que sus servicios jurídicos analizarán “el contenido y las circunstancias” del acuerdo para estudiar la presentación de posibles recursos para frenar una decisión que, señalan, carece de fundamentos “técnicos” y “científicos”. Mismo extremo que confirmó ayer el Principado: las acciones legales están en fase de estudio por las cuatro comunidades en conjunto. Estrategia nacional El presidente del Principado, Adrián Barbón, también se pronunció al respecto y manifestó que la postura de su Ejecutivo siempre ha sido “clara, nítida y rotunda en defensa de nuestra ganadería”. Añadió que defenderán “con todas los medios a su alcance esa posición y defensa”. Su consejero Calvo razonó que “podemos trabajar en una estrategia nacional que integre los planes de gestión que hay diseñados en las comunidades que tenemos el 97% del lobo en España y que, por lo tanto, debemos ser decisivas a la hora de configurar esa estrategia”. Calvo considera que la votación del viernes no debería ser vinculante: “No puede decantarse de una manera puramente aritmética por las comunidades que no tienen lobo ni lo van a tener, como las islas”. Abunda en otro argumento para que se tenga en cuenta la gestión que se hace del lobo en Asturias: “Durante muchos años, a pesar de las dificultades, en las comunidades autónomas donde se gestiona el lobo en ningún caso está en peligro. Solo hay que ver la expansión que ha tenido. Menguar todavía esa capacidad de gestión es una irresponsabilidad”. Y añade que “de los daños que se producen también tienen que corresponsabilizarse ellos y esa es otra de las cuestiones que se tienen que resolver en esta negociación”. La gestión del lobo es un compromiso electoral del PSOE asturiano y por eso también la FSA ha dado a conocer su opinión en el asunto. Su secretaria de Desarrollo del Medio Rural, Alba Álvarez, expresó el rechazo a la inclusión de la especie en el LESPRE, al considerar que supone una amenaza para la supervivencia de la ganadería asturiana y para la lucha contra la despoblación rural. Destacan, además, que las necesidades de las comunidades que albergan “más del 95% de la población de lobo” no pueden ser ahogadas para “atender el criterio de otros territorios donde la especie tiene escasa o nula presencia”. “Es esencial que se atiendan nuestros modelos de gestión para los territorios rurales, para impulsar producciones alimentarias de calidad y para luchar contra el despoblamiento”, agregó. Reproches de la oposición Ante la aprobación anunciada de la protección integral del lobo ya se ha oído a muchos de los grupos políticos de la oposición en Asturias. Desde el PP, su diputado Javier Brea advierte de que “acabaremos teniendo a los lobos a las puertas de Oviedo y Gijón”. El diputado de Ciudadanos Sergio García afea la postura de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, de quien dice que “es asturiano y a pesar de ello no lucha por la región”. Las críticas llegan también de Foro: Adrián Pumares considera que “esta decisión incluso puede llegar a invadir las competencias que las comunidades tienen”. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, pidió al Principado que se mantenga “firme y rotundo” frente a la decisión ministerial y arremete contra Teresa Ribera: “Agrede una vez más Asturias; cuando no es la industria es, esta vez, con la ganadería, con el medio rural”.

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