Enredados en la mordaza

Nació como una ley polémica y su corta vida ha sido fiel a aquel sombrío presagio. Los cinco años y medio transcurridos desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada ‘ley mordaza’ por sus detractores, han estado marcados por la controversia a cuento de sus artículos más conflictivos y acumulan un sinfín de quejas de ciudadanos y organizaciones sociales, promesas de reforma -incumplidas hasta la fecha- y feroces debates jurídicos. El más reciente ha tenido lugar en el Tribunal Constitucional, que acaba de tumbar los recursos de inconstitucionalidad que presentaron 114 diputados de PSOE, IU, UPyD, Chunta Aragonesista y Grupo Mixto al poco de aprobarse el texto legal y solo ha rechazado la prohibición de grabar sin permiso a agentes uniformados en el ejercicio de su labor policial, que el polémico reglamento sí amparaba. La sentencia del alto tribunal llega justo cuando el Congreso de los Diputados se dispone a debatir su reforma, admitida a trámite en septiembre a petición del PNV y comprometida en el acuerdo de gobierno que PSOE y Podemos firmaron hace un año. Quejas ciudadanas Lejos del debate político y judicial, la ley ha continuado generando malestar en la sociedad civil. El pasado verano, 230 organizaciones sociales -entre ellas, entidades como Amnistía Internacional, Greenpeace, UGT y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España- firmaron un manifiesto solicitando su derogación por considerarla una amenaza "contra derechos como los de libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación". Un año antes, el Defensor del Pueblo urgió a los partidos a "reformar los aspectos más polémicos de la ley". Entre ellos están el artículo 36.6, que castiga la "desobediencia o resistencia a los agentes, así como la negativa a identificarse", y el 37.4, que sanciona las "faltas de respeto y consideración a la autoridad". En esos documentos no figuran las incontables quejas de ciudadanos anónimos que han sabido de la ley cuando el cartero les ha llevado a casa una multa por comportamientos que no consideran delictivos o que no se corresponden con lo que describen las sanciones, tal y como explican las personas que han accedido a contar sus experiencias en este reportaje. El principio de veracidad que la ley otorga al testimonio de los agentes es, según denuncian, un coladero para que se den "situaciones de arbitrariedad y abuso". Frente a esas quejas, las asociaciones policiales defienden la legislación porque les da "protección y seguridad". Desde su aprobación en junio de 2015, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha dado lugar a dos millones de sanciones. La mitad de ellas fueron dictadas durante el estado de alarma. Javier García Raboso Javier García RabosoSociólogo de Madrid "Me multaron por no llevar encima el DNI" "El mensaje que recibí esa mañana es claro: si presencias una actuación policial en la que se están vulnerando los derechos ciudadanos, es mejor que vuelvas la cabeza y no digas nada. Aquello de 'cállate y no te metas en problemas', como decían antiguamente". Por no seguir este consejo, que hoy rumia entre dientes y con desdén, Javier García Raboso, sociólogo madrileño de 38 años, tiene una cuenta pendiente con la Justicia de 601 euros. La contrajo una mañana de finales de 2019 cuando una algarabía callejera lo sacó de la cama. Desde su ventana vio cómo una patrulla de la Policía Nacional identificaba a una pareja de jóvenes y un agente se ensañaba con violencia con uno de ellos. Sin pensárselo dos veces, bajó a la calle en pijama para averiguar qué estaba pasando. "En ningún momento me dirigí a los agentes, me limité a observar desde la acera de enfrente y solo intercambié un par de palabras con el amigo del chico que estaba siendo golepado. De repente, el agente de la porra le gritó a un compañero: ¡a aquellos dos los quiero identificados!", recuerda. Lo que sigue parecería un sketch de humor absurdo si no fuera por el desenlace que tuvo. "El policía me pidió el DNI y le dije que no lo llevaba encima porque mi pijama no tenía bolsillos, pero me ofrecí a subir a casa a recogerlo. Y me respondió: ‘Usted no puede irse de aquí sin identificarse. Le multaré por no llevar el DNI, es su responsabilidad’". Al final, su compañero de piso le lanzó el carnet desde la ventana y el agente pudo anotar los datos. Un mes más tarde le llegó a casa una multa de 601 euros por "desobediencia a la autoridad". "Al final, la sensación que te queda es de impotencia", confiesa. Emilia Moreno Emilia MorenoFeminista de Valencia "¿Desde cuándo repartir panfletos del 8-M es delito?" No es que Emilia Moreno no estuviera avisada. En la huelga del 8 de marzo de 2018, a otras compañeras suyas de la Assemblea Feminista 8M de Valencia les aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana por formar parte de un piquete informativo y a todas les llegó la correspondiente multa. Pero nada le hacía sospechar que, un año más tarde, acabaría trayéndole tantos problemas aquella mano que le abrió el taxi en el que viajaba con otras tres mujeres para participar en los actos de la huelga de 2019. "La Policía nos estaba esperando en la esquina donde habíamos quedado con otras compañeras. Tras bajarnos del taxi nos pidieron la documentación, y un agente nos soltó: ‘Sabemos lo que vais a hacer’", relata. Ni ella ni el resto de activistas que la acompañaban esa mañana dieron más importancia a aquel comentario. Continuaron con sus planes previstos para ese día, que consistían en repartir octavillas sobre el 8-M en un cruce de calles y participar en la manifestación feminista. Un mes más tarde recibió en su casa la carta que menos se esperaba: una multa de 600 euros por "obstaculizar el tráfico y poner en peligro la seguridad de las personas", según rezabas el documento. "¿Desde cuándo es delito repartir panfletos del 8-M?", se pregunta. Tiene claro que presentará todos los recursos que le permita la Justicia para frenar lo que considera "un atropello", pero gane o pierda el pleito, hay algo que ya se quedará con ella: "Me siento presa de una situación kafkiana. ¿Cómo demuestro que la denuncia es falsa si el testimonio del policía vale más que el mío? La Ley Mordaza nos devuelve a los tiempos del franquismo", afirma. Roberto Peña Roberto PeñaIngeniero de Gijón "Hacen que te sientas humillado" A principios de abril, con el virus descontrolado y el miedo inoculado en la población, toda precaución era poca para evitar los contagios. Por eso, a Roberto Peña, ingeniero gijonés de 50 años, le pareció sensata la sugerencia que le hizo al oficial del Ejército que le dio el alto a las afueras de su ciudad cuando volvía en bicicleta de llevarle medicinas a su madre. "Le mostraré el DNI para que anote el número, pero prefiero que no lo toque, porque veo que va sin guantes", le propuso. "Debió ofenderle tanto mi comentario que me ordenó bajar de la bici y, con muy malas formas, me quitó el carné de las manos y llamó a la policía. A los cinco minutos, mi bici y yo estábamos rodeados por cuatro vehículos policiales y una docena de agentes. La gente se asomaba a las ventanas como si estuviera ante el mayor delincuente de la historia", recuerda. Tan surrealista le pareció la escena que no se le ocurrió otra cosa que sacar el móvil para grabarla. En ese momento, un agente le arrancó el teléfono de un manotazo y le advirtió: "Sigue así y acabarás en comisaría". Tras localizar a la madre de Roberto y comprobar la veracidad de su relato, los uniformados le devolvieron la documentación. Y algo más: "Acabada la discusión, vi cómo el militar que se encaró conmigo habló en privado con un policía y al rato éste se me acercó y me entregó un boletín de multa. Para mi sorpresa, en el atestado ponía que yo me había resistido a identificarme y al final lo había hecho dando gritos", explica. No sabe en qué quedará el recurso que ha presentado, pero para él lo de menos ya son los 600 euros de la sanción. "Lo peor es la sensación de humillación que te queda en el cuerpo", confiesa. Juande Fernández Juande FernándezEcologista de Granada "Me aplicaron la 'ley mordaza' por colgar una pancarta" Juande Fernández ha perdido la cuenta de las acciones que lleva hechas en nombre de Greenpeace, entidad con la que colabora desde hace 20 años. Algunas tuvieron lugar en el extranjero, como la que organizó en Corea del Sur para parar la construcción de una fábrica de carne de ballena. Otras acabaron en los periódicos, como el día que se subió al tejado del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas que tramitó el PP en 2013. "Siempre han sido pacíficas. Jamás he participado, ni participaría, en una acción violenta o que pusiera en peligro la vida de alguien", advierte. La que protagonizó en septiembre de 2017 en el puerto de Bilbao junto a otros tres miembros de Greenpeace tenía el mismo espíritu simbólico y testimonial, pero acabó saliéndole cara. Para denunciar una venta de armas del gobierno español al saudí, decidieron subirse a una torre de contenedores del embarcadero vasco y colgaron una pancarta que denunciaba aquella operación comercial. "En seguida llegó una patrulla de la Guardia Civil y nos pidieron que nos bajáramos. Les dijimos que sí, pero que solo lo haríamos cuando las armas acabaran de ser cargadas en el barco que las llevaba a Arabia", recuerda. Un mes más tarde recibió en su domicilio una multa por haber conculcado el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona con 601 euros la "desobediencia o resistencia a la autoridad". "En el pasado, ningún juez habría admitido esa denuncia, pero la 'ley mordaza' convierte nuestras acciones en faltas administrativas, que dan veracidad a lo que el agente pone en el parte. Es una ley pensada para silenciar las protestas ciudadanas", opina. Wassima Boukhriss Wassima BoukhrissColaboradora de la PAH de Bages "Me piden 600 euros por intentar parar un desahucio" Aquel no fue el primer desahucio en el que Wassima Boukhriss participaba, ni ha sido el último. Desde que ella también se viera en la calle por no poder pagarle la mensualidad al banco, esta manresana de 30 años divorciada y madre de dos niños suele colaborar con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Bages. Pero ese día de finales de 2019 tuvo la fatal fortuna de que la aparición de los Mossos d’Esquadra le pilló en el interior de la vivienda cuyo desahucio trataba de parar en compañía de varios miembros de su colectivo. "Solo intentábamos ayudar a un matrimonio en paro y a su hija menor de edad que se iban a ver como yo me vi hace años. En ningún momento nos enfrentamos a la Policía, nos limitamos a sacar los muebles que eran propiedad de la familia, pero, según íbamos saliendo, los agentes nos pidieron la documentación y apuntaron nuestros nombres en un papel", recuerda. El desahucio acabó de forma pacífica, pero varias semanas más tarde el cartero le llevó a casa una denuncia que la acusaba de "desobediencia a la Policía y desórdenes públicos". Convencida de que se trataba de un error, se presentó en la comisaría a pedir explicaciones, pero solo consiguió una respuesta: "Si no está conforme, recurra". "¿Cómo lo voy a hacer, si no tengo dinero? Gano 1.000 euros al mes trabajando de asistente en una residencia y vivo al día. ¿De dónde saco los 600 euros que me piden por un delito que no cometí?, plantea. En su opinión, la multa no persigue su dinero, sino su espíritu contestatario. "Quieren que la próxima vez, cuando nos avisen de otro desahucio, me quede en casa en vez de ir a ayudar", sospecha. Oriol Daviu Oriol DaviuFotoperiodista de Barcelona "Esta ley impide denunciar injusticias" Uno de los colectivos que más se ha sentido lesionado por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana es el de los profesionales de la información. La oposición de los agentes de ser grabados cuando están trabajando, que la ley protege y el Tribunal Constitucional acaba de revertir, se ha traducido en centenares de multas a reporteros por levantar acta con sus cámaras de actuaciones policiales susceptibles de ser noticia. En sus carnes y su bolsillo lo ha sufrido Oriol Daviu, fotoperiodista barcelonés de 29 años, quien en 2017 fue sancionado al amparo de esta ley por grabar imágenes en las proximidades de la aduana de Melilla. Hasta este punto caliente de la frontera española viajó Daviu junto a otro fotógrafo y varios voluntarios de la asociación humanitaria Iridia para ser testigos del trato que la Policía española brinda a las porteadoras marroquíes cuando estas cruzan a su país. Habían recibido quejas de malos tratos y querían comprobarlo con sus ojos y cámaras para mostrarlo en un reportaje. "Fue imposible. Empezamos a grabar lejos de la aduana, pero en cuanto nos vieron, los agentes nos llamaron y nos pidieron la documentación. A mi compañero, incluso, le exigieron que borrara todas las fotos que había hecho", recuerda. Ese día sospechó que le habían multado, pero la confirmación se la trajo el cartero a casa. "Al final, esto acaba condicionando tu trabajo de informador y la próxima vez te piensas hasta dónde estás dispuesto a arriesgarte. Esta ley está diseñada para impedirnos denunciar injusticias", concluye. Xanti Hidalgo Xanti HidalgoProfesor de Secundaria "No me salté el confinamiento por capricho" La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido la herramienta legal utilizada por la Policía para sancionar a quienes se saltaban el confinamiento durante el estado de alarma. Al amparo de ese reglamento, en los 100 días que duró la cuarentena se pusieron en España 1.140.000 multas, la mayoría por incumplimiento del artículo 36.6 de la ley, que castiga "la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones". Uno de los destinatarios de esas penalizaciones fue Xanti Hidalgo, profesor de educación física en un instituto de Vitoria, pero la escena que vivió no se corresponde con lo que indica el texto legal. Sabía que saltarse el encierro entrañaba riesgos, pero cuando le llegó al móvil aquel aviso no se lo pensó dos veces. Suele colaborar con el proyecto social Errekaleor bizirik, que da protección en su ciudad a personas en riesgo de exclusión, y le comunicaron que una familia de inmigrantes había okupado un piso vacío propiedad de un banco y necesitaban comida y enseres básicos para vivir. "Llamé a un amigo y nos acercamos a llevarles bombillas, cargadores y varias estufas para el frío. Era un matrimonio colombiano con tres niños menores de edad y no tenían absolutamente nada", recuerda. Cuando estaban con la familia en el interior la vivienda, llegó la policía. "Y ese fue mi delito: encontrarme allí. Yo no me salté el confinamiento por capricho, fui a ayudar a personas necesitadas, pero al mes me llegó la multa". Le acusan de resistencia a la autoridad. "Porque tienen que poner eso para justificar la sanción, pero allí nadie se enfrentó a la policía", asegura. José Alberto Negri José Alberto NegriPortavoz de la Confederación Española de Policía "Esta ley protege al ciudadano" "Esta ley protege al ciudadano" El enfado y la indignación que expresan los ciudadanos sancionados al amparo de la ‘ley mordaza’ contrasta con el alivio que transmiten los agentes por disponer de un reglamento que les provee de "normas, procedimientos y limitaciones en la actuación policial". Así contempla la Ley de Seguridad Ciudadana José Alberto Negri, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), y así la ven todos los colectivos policiales que en sucesivas ocasiones han manifestado su rechazo a la reforma o derogación de este reglamento. "Nos da seguridad y tranquilidad a la hora de cumplir nuestro trabajo", subraya Negri, quien rechaza las acusaciones de "abuso y arbitrariedad" que a menudo expresan las organizaciones sociales contra los uniformados. "Nosotros lo vemos al revés. La ley de 1992 nos daba manga ancha para hacer lo que quisiéramos. La de ahora delimita a quién podemos identificar en la vía pública, cómo debemos realizar un cacheo y cuándo podemos parar un vehículo. Es una ley necesaria. Si se deroga, nos dejará un vacío normativo que perjudicará al ciudadano", advierte el agente. La ley de 2015 vio la luz tras varios años de intensa agitación social y muchas voces interpretaron el nuevo reglamento como el remedio para vaciar las calles de manifestantes. A cuento de esta sospecha, el representante policial responde: "Es bueno que la ley establezca las reglas para que la gente pueda juntarse. La policía está para garantizar el derecho de quienes quieren manifestarse, pero también de los que no desean hacerlo".

Enredados en la mordaza

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional y a punto de iniciarse el debate de su reforma en el Congreso, siete ciudadanos relatan los desencuentros que han sufrido con la actual Ley de Seguridad Ciudadana

Dicen sentirse "impotentes y humillados" por el uso "arbitrario y abusivo" que algunos agentes hacen del reglamento, pero la Policía defiende la ley porque les aporta "normas, procedimientos y seguridad"

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