Un cuarto de siglo después de que OxyContin saliera al mercado para revolucionar el tratamiento del dolor crónico y propulsar la adicción de los estadounidenses a los analgésicos opioides, su fabricante ha admitido por primera vez su responsabilidad en esa crisis que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Purdue Pharma se ha declarado este martes culpable de los tres cargos que le imputó el Departamento de Justicia en el juicio para dirimir su papel en la epidemia. La compañía de la familia Sackler ha reconocido que obstaculizó el trabajo de las autoridades para frenar la epidemia, que untó a los médicos para que recetaran sus analgésicos y nunca llegó a implementar de forma efectiva el programa para impedir que sus drogas acabaran en el mercado negro.

La admisión de Purdue llega un mes después de que la compañía llegara a un acuerdo extrajudicial con el Gobierno para resolver el caso a cambio de compensaciones multimillonarias para los demandantes que han participado en la causa civil y penal, así como un plan para restructurar la farmacéutica. A primera vista, el precio que tendrá que pagar es oneroso, 8.300 millones de dólares, pero su letra pequeña es bastante más generosa. Solo 225 millones irán directamente a parar a las arcas del Estado, siempre que dedique parte de la suma pactada a combatir la epidemia en las municipalidades y estados que han demandado a la compañía. El resto de las compensaciones y multas tampoco las pagará de forma inmediata, sino que habrá que esperar a que Purdue negocie con los acreedores tras haberse declarado en año pasado en quiebra.

La compañía podrá además seguir operando, aunque lo hará transformada en una corporación de beneficio social, gobernada por un fideicomiso encargado de supervisar que los intereses de la empresa se ajustan también al interés colectivo. Esa nueva figura obligará a los Sackler a desvincularse de Purdue, una farmacéutica que les ha hecho inmensamente ricos gracias al enorme potencial adictivo de sus medicamentos, que hizo que millones de estadounidenses acabaran buscando refugio en la heroína y el fentanilo tras engancharse a los narcóticos con las recetas prescritas por sus médicos.

Los Sackler tampoco tendrán que perder el sueño ante la posibilidad de acabar en la cárcel porque al final el Estado no cursó ninguna demanda penal contra sus miembros. Una suma de consideraciones que han hecho que varios estados y localidades gobernadas por los demócratas hayan rechazado hasta ahora el acuerdo extrajudicial pactado por el Gobierno federal.