Galicia multará con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una PCR

Galicia blindará por ley su facultad no solo para dictar confinamientos y restricciones sociales como método de combate contra una pandemia como la de covid-19 actual, sino que multará económicamente a quien se niegue a someterse a una prueba diagnóstica como las PCR que detectan el SARS-CoV-2 o a vacunarse, siempre que la inmunización sea “prescrita por las autoridades sanitarias”. Los castigos serán de hasta 3.000 euros en los casos leves, pero si existen agravantes que pongan en peligro la salud de otros ciudadanos la cuantía podría llegar a los 600.000. Así consta en el proyecto para modificar la Lei de Saúde actual, que hoy presentará el PPdeG tras ser impulsado por parte de la Xunta. El propio presidente autonómico y líder de esa formación, Alberto Núñez Feijóo, anunció el 29 de octubre pasado una iniciativa con la que evitar la dependencia del Gobierno central. “Es necesario adaptar la ley para no recurrir a un estado de alarma intermitente”, alegó entonces. Desde ese momento, en las filas populares y en la Consellería de Sanidade se comenzó a pergeñar un texto que será presentado hoy y cuya aprobación se prevé lo más rápido que permitan los tiempos parlamentarios, donde la mayoría absoluta del PP garantiza su luz verde. Su puesta de largo se producirá un día después de que fracasase la propuesta de reforma legal del PP en el Congreso para luchar contra la pandemia sin recurrir al estado de alarma. La nueva Lei de Saúde de Galicia incluirá un apartado nuevo de infracciones leves destinado específicamente a dar cobertura legal a los castigos a quienes incumplan las medidas restrictivas impuestas en una pandemia como la actual, pero también a quien esquive órdenes de someterse a pruebas médicas. Las multas podrán llegar a 3.000 euros en casos de “incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población”. Si existen agravantes, las infracciones podrán ser catalogadas de graves (de 3.001 a 60.000 euros) o muy graves (hasta 600.000). Uno de los aspectos más polémicos del texto radica en la obligatoriedad so pena económica de inmunizarse en un momento en el que crece la relevancia del movimiento antivacunas y cuando la carrera por hallar la protección contra el covid-19 se ha acelerado, con varios proyectos asegurando haber alcanzado tasas de éxito superiores al 90%. Expertos en sanidad y leyes, sin embargo, dudan sobre la capacidad de la Xunta e incluso del Gobierno central para obligar a la población a inyectarse una inmunización. La Xunta quiere evitar el estado de alarma La Xunta quiere cubrirse con un añadido: solo se multará a quien no se ponga una vacuna prescrita. Será falta leve, por tanto, “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención, consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley, con la finalidad de prevención y control de una enfermedad infectocontagiosa transmisible, si las repercusiones producidas tuvieron una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población”, según el nuevo artículo 41 bis de la ley, al que ha tenido acceso este diario. Para controlar la pandemia, la Xunta también impondrá la obligación de someterse a reconocimientos médicos o pruebas diagnósticas “prescritas legítimamente por los profesionales sanitarios o las autoridades sanitarias con la finalidad de detección, seguimiento y control de una enfermedad infectocontagiosa transmisible”. Si el Sergas telefonea a alguien para que se realice una PCR, deberá hacerlo o será multado con hasta 3.000 euros. Si pone en peligro al resto de la población, la sanción podrá llegar a 600.000. Este mismo sistema se aplicará a quienes se salten limitaciones de “libertad ambulatoria o de circulación”, de miembros en una reunión de personas o acudan a fiestas contrarias a las normas. Entrarán en esta categorías quienes vulneren las normas de distancia social o medidas de seguridad en el trabajo, espacios públicos o privados. Veto total al botellón en la vía pública La reforma de la Lei de Saúde traerá bajo el brazo la ofensiva final contra el botellón. “Se acabó en Galicia”, avanzó Feijóo en octubre. Se vetará el consumo de alcohol en la vía pública so pena de multas de hasta 3.000 euros, siempre que no haya daños a la salud . Entre las conductas que podrá sancionar la Xunta sin necesidad de un estado de alarma se encuentran también el incumplimiento de horarios de apertura o cierre de negocios, locales de ocio o espacios públicos cuya actividad permita la administración en un momento de crisis sanitaria. También será motivo de castigo con hasta 3.000 euros superar los aforos permitidos en establecimientos o instalaciones, así como no respetar la distancia de seguridad entre personas o mesas en una terraza. No usar mascarilla –o llevarla mal puesta–, sin embargo, será castigado con 100 euros, según avanzó Feijóo el mes pasado.

Galicia multará con hasta 3.000 euros a quien se niegue a vacunarse o someterse a una PCR

El PPdeG lanza su reforma de la Lei de Saúde, que blinda los castigos a quien se salte las restricciones

Si se pone en riesgo a la población, las sanciones podrán llegar a 600.000 euros

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