Médicos y enfermeras se oponen a que se realicen test de antígenos en farmacias

Aunque los centros de salud no dan abasto y los médicos de familia llevan semanas pidiendo que se busque una solución que les permita concentrarse en la asistencia y realizar menos tareas burocráticas o de rastreo de casos covid, la salida no pasa, según los propios facultativos y las enfermeras, porque las farmacias realicen los tests de detección del virus. Madrid y Catalunya, en farmacias Es lo que reclama insistentemente la Comunidad de Madrid, que considera que la (cuestionada) contención de la pandemia en la región se basa, entre otras medidas, al empleo de test de antígenos, que ofrecen un resultado en 15 minutos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere amplificar su uso a través de la nutrida red de farmacias, que consta de 22.000 establecimientos, con el objetivo último de realizar test a todos los madrileños, para que se puedan reunir con sus familiares, la próxima Navidad. Ayuso ha pedido incluso autorización a la UE. También Catalunya quiere hacer más tests rápidos y por ello está trabajando con el sector en el protocolo necesario para que las pruebas se puedan interpretar “con todas las garantías” y con unas normas “mínimas de seguridad”, según explicó este lunes la consellera Alba Vergés. Es preciso contar con la autorización del Gobierno, a través la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que está estudiando detenidamente la demanda porque la decisión no es sencilla. De hecho, el director del centro de alertas y emergencias, Fernando Simón, explicó ese mismo día que se dan “muchos” problemas competenciales y de seguridad para las personas que acuden a las farmacias y sus empleados. La técnica y la coordinación Es lo que llevan días advirtiendo la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería, entre otros colectivos de sanitarios. La OMC “desaconseja” la realización de test en las farmacias porque “requieren de una indicación clínica” y de una práctica de la técnica correcta por parte del “personal sanitario competente y entrenado”. Además, debe garantizarse una “coordinación estrecha con los servicios de salud pública”, para que se den las instrucciones precisas tanto a los positivos como a los negativos. “Puede darse la circunstancia –avisa la vicepresidenta del Consejo de Colegios de Médicos, Manuela García– de que personas altamente infectantes coincidan en la cola con las personas que van a adquirir medicamentos, por lo que no es el lugar idóneo”. En su opinión, si es necesario realizar cribados masivos y no se pueden hacer en los centros de salud, sería preferible la instalación de carpas dotadas con el personal sanitario necesario. Los riesgos y la inversión A su vez, el vicesecretario del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, subraya que los farmacéuticos no tienen “competencias en el área asistencial” y la realización de test de antígenos “no es como una glucemia”, conlleva “riesgos” tanto para el paciente como para el resto de usuarios del espacio. A su juicio, convendría más que el dinero que las administraciones pagarán a las farmacias se destinara a reforzar la atención primaria. El presidente del Colegio de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha explicado este martes que ha recibido una carta de Salvador Illa en la que el ministro se muestra dispuesto a dar la autorización en aquellas farmacias con departamento de análisis clínico, que son muy pocas. Si bien, la solución tampoco convence a los representantes de las enfermeras, que avisan que recurrirán ante la UE si accede a la pretensión de Madrid y Catalunya. Cuestión de voluntad política En el lado contrario, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos señala que el marco legal vigente respalda sus competencias en la vigilancia de la salud pública, por eso durante años se han realizado colaboraciones con las administraciones sanitarias en programas de detección precoz del VIH y el cáncer de colon. "Solo se precisa de voluntad política" ante una situación "excepcional", avisan en un comunicado en el que muestran su disposición a realizar los test dentro de los "protocolos definidos por las autoridades" y protegiendo "al maximo" a los ciudadanos.

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