La Audiencia de Barcelona ha ordenado la imputación de un exalto cargo de la Generalitat durante el Gobierno tripartito y de tres administradores judiciales de la oenegé Intervida propuestos por el Ejecutivo catalán y que se hicieron cargo de la fundación por orden judicial, tras su intervención en el 2007, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Uno de los cofundadores de la entidad, Rafael Puertas, acusa al entonces director general de Derecho de Entidades Jurídicas, Santiago Ballester, de los presuntos delitos de prevaricación, amenazas y coacciones, mientras que a los tres administradores judiciales les atribuye falsedad documental, estafa, tráfico de influencias, apropiación indebida, entre otros. En el transfondo subyace el supuesto desmantelamiento de la ONG.
VUELCO EN UN LARGO PROCESO
La Audiencia de Barcelona insta a investigar la intervención de Intervida
El tribunal acuerda que se impute a un exalto cargo de la Generalitat y a administradores propuestos por el Govern
Uno de los fundadores de la entidad denuncia que se expolió y desmanteló deliberadamente la fundación
Policías entrando en la sede de Intervida, en julio del 2007. /
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