Los jueces no ven necesario endurecer las penas contra los ocupas

Ninguna de las asociaciones mayoritarias de jueces ve necesario un cambio legislativo que endurezca las penas o acorte los plazos en la desocupación de viviendas usurpadas. La opinión general en la judicatura es que el actual arsenal legal es suficiente, en contraste con la agitación que el fenómeno levanta entre las fuerzas políticas de la derecha. En julio, al calor de las campañas electorales vasca y gallega, PP, Ciudadanos y Vox han lanzado propuestas de endurecimiento de la ley, y, por la tensión vecinal que viven diversas localidades de Catalunya, el tema está llamado a aparecer también en el debate de las elecciones catalanas. El 9 de julio, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, propuso acortar el proceso civil de desocupación a 48 horas y alargar el castigo por usurpación de vivienda hasta a tres años de cárcel. El 10 de julio, Ciudadanos registró en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes para que los jueces expulsen a ocupas en procedimientos sumarios y vistas previas. El 17 de julio, Vox presentó dos proposiciones de ley para endurecer las penas de la usurpación de vivienda y habilitar a la policía para desalojos inmediatos. Dicho por Santiago Abascal, "una patada en el culo". "La ley basta" "La legislación, tal y como está, basta. El procedimiento responde, y para las personas en situación vulnerable se prevé amparo y que se les busque una solución. Al Código Penal hay que tocarlo lo justo siempre. No se puede pretender que el legislador reforme a golpe de titular", opina María Jesús del Barco, jueza decana de los juzgados de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, de orientación conservadora). María Prado Escoda, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Reus (Tarragona) y portavoz en Catalunya de Jueces para la Democracia (JJpD, progresista), dirige la mirada, más que a un cambio legislativo, a un cambio social. Lo que se ve a menudo en los juzgados, dice, "es gente con escasos recursos que opta por ocupar, dure lo que dure, con tal de estar cobijados. Aquí no solo hay un problema jurídico, hay también un problema social. El fenómeno se ha triplicado en Tarragona. Si tienes una legislación civil que ahora está protegiendo más a los propietarios, y en seis meses los ocupantes pueden estar fuera, si ahora se les echa más rápido que antes ¿por qué se ha triplicado la ocupación? Deberíamos preguntarnos eso". Para la asociación judicial Francisco de Vitoria "la legislación que tenemos hoy en día permite dar una repuesta razonable a estos casos –dice su portavoz, el juez de violencia de género de Jerez (Cádiz) Jorge Fernández Vaquero-. Hay un problema, eso sí, de medios. No es que la ley sea lenta, es que los juzgados están saturados y la respuesta que dan es tardía, pero no solo a estos casos, también a todos los demás. Es por falta de medios, no por falta de leyes". Justicia lenta Es una de las claves del problema. La lentitud con que se resuelven las denuncias de particulares y de personas jurídicas que ven sus propiedades ocupadas crea una sensación de impunidad, en opinión de todos los jueces consultados. Para Escoda, no todos los juzgados resuelven con lentitud. Ella ha conocido casos de desalojos rápidos, como prevé la reformada Ley de Enjuiciamiento Civil. "Algunos juzgados están más colapsados de trabajo que otros –dice-, y tienen dificultades para cumplir con los plazos que establece el procedimiento. Pero con la reforma de 2015 el procedimiento se ha acelerado, aunque el colapso que sufrimos dificulta la tramitación en toda la oficina judicial, con mesas llenas de asuntos". La magistrada Del Barco considera que "es evidente que si entran 100 demandas para repartir a dos juzgados irá todo más lento que si esas 100 demandas se reparten entre diez juzgados. También un médico atiende mejor a cinco pacientes que a cincuenta, por muy buen médico que sea". Habla la decana madrileña tres meses después de que, a la vuelta del confinamiento, miles de asuntos se hayan amontonado en las mesas de las oficinas judiciales de Madrid. En cualquier caso, dice, "es una lástima que los ciudadanos vean que el Estado, a través de sus mecanismos, no actúa a tiempo y estemos viendo ahora a ciudadanos enfrentándose a los ocupas" Polvos y lodos Alude a los sucesos acaecidos este verano en Colmenar de Oreja (Madrid), Portugalete (Vizcaya) y las localidades barcelonesas de Sant Joan d’Espí y Pallejà. La degradación del fenómeno es, en su opinión, una de las consecuencias de un clima previo. "Ha habido hasta ahora un discurso de algunos sectores de la política que ha justificado la ocupación ilegítima de viviendas –argumenta-. A veces el juez que acuerda un desalojo se encuentra al concejal de distrito de turno diciendo que la Justicia desahucia a los pobres. Con ese mensaje, de esos polvos estos lodos". Y lo dice Del Barco por las dificultades que, en Madrid, han tenido algunos juzgados para hacer cumplir sus sentencias: "A diario se practican muchísimos desahucios sin problema. Pero a menudo, en el primer intento el servicio común del juzgado se encuentra a personas de alguna plataforma en la puerta oponiéndose, y se va. En la segunda, esa comisión va con la fuerza pública, que pueden ser dos policías locales, y se tiene que volver a marchar. Y ha habido que volver con una dotación ya grande". "Recuerdo un caso -añade la magistrada- en el que nos costó hacer el deshaucio de un edificio de la calle Argumosa de Madrid. Pedíamos efectivos y no llegaban. Hubo que ponerse serios con la Delegación del Gobierno para que enviaran policías" Problema social En Santander, en noviembre de 1996, un congreso de Jueces para la Democracia aprobó una resolución contra la criminalización de la okupación, con 'k'. La propuesta decía que "el movimiento «okupa» en España y en Europa, responde a un problema social de gran envergadura: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, como consecuencia de que los precios en el mercado, de alquiler y de compra, responden a intereses especulativos inmobiliarios, contrarios a la utilización del suelo de acuerdo con el interés general" y añadía que "penalizar estas conductas responde a una opción político-criminal errónea por innecesaria, porque el derecho a la propiedad tiene su cauce y protección en el derecho civil". Fue la primera aportación a un debate jurídico sobre el fenómeno de la ocupación de viviendas. La primera firmante de la propuesta, que fue aprobada, fue Montserrat Comas d’Argemir, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y hoy presidenta de la Sección X de lo penal en la Audiencia Provincial de Barcelona. Comas sigue considerando que "detrás de estos casos suele haber personas en situación de vulnerabilidad, y suponen un cierto fracaso de los servicios sociales, y de la creación de vivienda social. Prácticamente nadie ocupa una vivienda por capricho", dice a EL PERIÓDICO. La jueza Comas no cree que esté justificada la alarma social y política en torno a la ocupación. "No creo que el número de casos sea tan alarmante como dan a entender los medios de comunicación, y es un tipo de delito en el que solo en la minoría de casos se ejerce violencia o intimidación". Al hilo de aquella propuesta de hace 14 años, Comas le interesa distinguir entre "la ocupación del que pilla lo que puede, en épocas de crisis, porque no tiene nada, y la ocupación que arrancó en los años 60 de un sector de jóvenes que quería dar un uso social a centros o locales municipales que llevaban años en desuso, los arreglan y hacen allí actividades hasta que la entidad afectada reacciona y reclama la propiedad", si bien admite que "también hay gente que no ocupa por desesperación. Las bandas engañan a otras personas cobrándoles muy poquito en contratos ilegales sobre viviendas usurpadas, que no están abandonadas". Abuso de la vía penal Numerosos jueces -también en contra de la opinión de los políticos de la derecha- creen más adecuado tratar este asunto por la vía civil que por la vía penal. "Los penalistas no solo tenemos que vincularnos por el principio de legalidad, también por el de intervención mínima y subsidiariedad: la vía penal solo debe actuar en los casos más graves –opina la portavoz catalana de JJpD-, máxime si la misma conducta puede ser una infracción administrativa o una conducta a reparar por la vía civil con una mera acción de recuperación de la posesión". Para Prado Escoda "no se puede tratar del mismo modo una vivienda o un edificio que nunca nadie ha disfrutado que una vivienda que realmente tiene unos propietarios que disfrutaron de la posesión y se han ido de vacaciones". Desde Barcelona, Montserrat Coma asegura que "en torno a la ocupación no hay unanimidad entre los magistrados en muchos asuntos, pero sí la hay sobre que la vía civil es la correcta en lo que son casas abandonadas, que no tienen las mínimas condiciones de habitabilidad por tenerlas los propietarios ignoradas, olvidadas o en desuso". Dice Coma que hay bancos o sociedades anejas que abusan de la vía penal, contribuyendo al atasco. "Una corriente importante de magistrados venimos diciendo que cuando el propietario de la vivienda es una entidad jurídica que nunca ha hecho uso del bien, la vía civil es la adecuada, sin necesidad de criminalizar a personas que a veces se ven obligadas a ocupar por falta de recursos. La vía penal habría que reservarla solo para aquellas personas que ven ocupadas la casa que usa, aunque sea su segunda vivienda". No solo el abuso del Código Penal, también contribuyen a los atascos los recursos contra las sentencias de desalojo que, de forma muchas veces automática, ponen los abogados de oficio de los ocupas. Desde la Audiencia Provincial de Madrid, adonde llegan muchos de esos recursos, un juez los cuenta en "muchísimos", algunos incluso de "bloques enteros que quedaron sin vender o terminar y cuyos pisos se alquilan con el pretexto de no tenerlos desocupados… Cobran 200 euros al mes, una fianza de 600 aquí, otra allá, y si te he visto no me acuerdo". Maldad o necesidad Hay entre los jueces dos formas de apreciar el fenómeno de la ocupación, que se basan en la percepción del dolo, o la intención de dañar. "Las personas en estado de vulnerabilidad son una cosa, y otra es lo que estamos viendo: pisos y edificios que se ocupan para venta de drogas, prostitución, convertidos en un auténtico negocio para las mafias –lamenta María Jesús del Barco-, que ocupan un edificio entero y alquilan pisos a personas que no pueden acceder a una vivienda legal". La decana de los juzgados de Madrid subraya que "a veces el ocupa no es solo la familia sin recursos. Viene delincuencia añadida. Y eso no lo quiere nadie junto a su casa. Nadie quiere que el vecino del tercero esté traficando con drogas cuando su hijo tiene que bajar las mismas escaleras para ir al parque. Y la ocupación no es siempre contra el poderoso. A veces se ocupa la vivienda de una abuelita que se ha pasado media vida fregando escaleras para pagarla, y que se ha ido de vacaciones". Lo ve con otra matiz desde Barcelona Montserrat Coma. En el fenómeno de la ocupación, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona aprecia más necesidad que maldad "aunque no niego que hay personas con mucha cara, mi percepción como magistrada en jurisdicción penal es que esos son minoritarios". Desde las calles de Valencia, y no desde los despachos judiciales, una opinión nada jurídica y poco objetiva: Jorge Fe, gerente de la firma de desocupaciones Fuera Okupas: "Yo lo que me encuentro entre los ocupas es gente con zapatillas de 150 euros y el último modelo de iPhone, la verdad; gente que no ocupa viviendas de chichinabo". Este debate se produce en España, que es, según su Constitución, un Estado de derecho, pero también social. Desde Jerez, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria concilia: "Como sociedad tenemos que encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de la propiedad y la atención a las personas vulnerables. A una familia con menores que se ha metido en una casa porque no tiene dónde meterse hay que darle una solución asistencial. Pero esa respuesta no se puede hacer recaer sobre un particular, una persona: ha de ser el Estado el que la dé". Y añade: "No obstante, tenemos mecanismos legales para que allí donde ha habido más necesidad que dolo la legislación penal lo tenga en cuenta".

Los jueces no ven necesario endurecer las penas contra los ocupas

Las asociaciones de la judicatura no piden cambios en la legislación, pero sí más medios para que las resoluciones no sean tan lentas

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