Patrullas justicieras y jóvenes de la calle: cóctel inflamable

El domingo 14 de junio unos cincuenta vecinos de Premià de Mar (Maresme) asaltan violentamente la casa que ocupan cuatro jóvenes migrantes a quienes consideran autores de robos e incluso –sin pruebas– de una tentativa de agresión sexual en la población. El sábado 20 de junio cinco ciudadanos retienen y golpean con furia a un joven migrante que acaba de robar la cadena de oro a una anciana en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). El mismo 20 de junio en Badalona otro joven migrante es retenido y agredido por vecinos después de intentar robar a un anciano que resultó herido durante el asalto. El lunes 22 junio, en Llançà (Alt Empordà), agentes de los Mossos d’Esquadra forman un cordón policial para proteger un domicilio ocupado por jóvenes –migrantes, de nuevo–, a quienes los vecinos acusan de colarse por la noche en sus domicilios para robar. Los alcaldes de estos municipios defienden a sus ciudadanos y aseguran que se trata de un problema de seguridad, no de xenofobia. Los Mossos no descartan que también existiera una motivación racista al menos en el caso de Premià –saldado con dos detenciones, de momento–. Cuatro episodios alarmantes en nueve días protagonizados por ciudadanos que han decidido tomarse la justicia por su mano ante un fenómeno social del que incomoda hablar porque alimenta a la extrema derecha y porque conecta con un fracaso doble: jóvenes extutelados por la DGAIA de origen extranjero que la Generalitat no ha podido integrar y un sistema judicial incapaz, ahora que esos chicos son mayores de edad, de ser eficiente contra las ocupaciones ilegales o la reincidencia. Entre los vecinos movilizados –a veces presa de informaciones no contrastadas que circulan por redes sociales y grupos de mensajería electrónica– ha calado la percepción de que estos jóvenes delincuentes actúan con impunidad. El 'conseller' de Interior, Miquel Buch, advierte a los ciudadanos de que "quien vela por la seguridad es la policía" y de que serán denunciados si "hacen uso de la fuerza por su cuenta". Desde los Mossos d'Esquadra hablan claro: "Las experiencias pasadas demuestran que [las patrullas ciuadadanas] no ayudan a la policía y que pueden provocar situaciones tensas y derivar incluso en incidentes graves. Ayudar a la policía, sí. Hacer de policía, no". Los menores que no se integraron Durante el 2017 y el 2018 llegaron a Catalunya en situación de desamparo 1.500 y 3.700 menores, respectivamente, procedentes casi todos de Marruecos. Fueron acogidos por la Generalitat. Más de la mitad de ellos ya han cumplido los 18 años. La mayoría son casos de integración social exitosa. Otros, forman parte del problema de seguridad al que aluden los alcaldes. Desde la Región Policial Metropolitana Norte, demarcación que atiende comarcas como la del Maresme o el Barcelonès, muy afectadas por la difícil convivencia con los del segundo grupo, se insiste en que es un error responsabilizarlos de todos los delitos de la zona: "Sería falso". En sentido contrario, no se oculta que el perfil de los ladrones que actúan en la vía pública con violencia e intimidación, para arrancar cadenas de oro o teléfonos, sí se corresponde a menudo con el de "jóvenes migrantes que están solos, que fueron chicos con quienes el proyecto de integración social no funcionó y han ido cayendo en un proceso de exclusión. Se trata de un problema de carácter transversal, muy vinculado a las ocupaciones ilegales de pisos y locales. No solo se puede afrontar policialmente". La secretaria de Infància de Afers Socials, Georgina Oliva, niega que el Govern los haya mandado a la calle al cumplir los 18 años –edad a la que abandonan el sistema de protección–, a vivir de la delincuencia. De hecho, la mitad de los 325 chicos acogidos en centros del Maresme, epicentro del fenómeno, superan esa edad. Sí admite que "algunos" han desaparecido de su radar al llegar a esa edad: porque migraron a Francia y ahora han regresado por su cuenta o porque no tuvieron paciencia "para esperar un piso de inserción". Educadores a cargo de estos chicos aseguran que con los 18 años muchos se han quedado a la intemperie, sin papeles, sin trabajo ni capacidad para alquilar un techo, sin más alternativa para subsistir que traficar con marihuana o robar. "El problema es que no pueden acceder a un permiso de trabajo y acabarán perdiendo el de residencia porque deberán demostrar ingresos de 2.100 euros al mes para renovarlo", subraya el secretario de migraciones de la Generalitat, Oriol Amorós, que ya ha pedido un cambio legislativo al Gobierno Central. "¿Qué más podemos hacer?", se pregunta. "Les estamos dando una respuesta caso por caso", zanja Oliva. El Govern acepta su responsabilidad con los extutelados pero señala que los que no han pasado por sus manos –algunos de los sospechosos del piso asaltado en Premià nunca han sido tutelados, por ejemplo– deberían ser auspiciados por los municipios, que no están de acuerdo. La sensación de impunidad Llançà (Alt Empordà) es un pueblo habitado por 4.800 personas que se conocen bien y que no dudan al señalar quién está robando en el municipio. El alcalde, Francesc Guisset (PSC), explica, como los Mossos, que "son mayores de edad que no han logrado integrarse en la sociedad". Algunos incluso se han colado por las noches en casas habitadas, un resorte definitivo de la crispación de la localidad. "Aquí viven familias con hijos pequeños o con ancianos", subraya. "Es un pueblo acogedor y pacífico pero que si ve amenazada su seguridad, reacciona", avisa. A los vecinos les pide que denuncien cuantos delitos sufran y a los Mossos una actuación más contundente. Aunque, en el mismo sentido que David Bote (PSC), alcalde de Mataró, apunta a las limitaciones que impone el marco legal del Estado que blinda por igual a familias que ocupan para procurarse un techo que a personas que destrozan la convivencia de las comunidades y que hacen de la delincuencia su modo de vida. Tampoco el Código Penal se ha demostrado eficiente para combatir la reincidencia. En Mataró, en los últimos meses –bajo el estricto confinamiento decretado por el coronavirus–, un reducido número de ladrones han acumulado setenta detenciones sin ingresar en prisión preventivamente. "El problema de la delincuencia no se debe únicamente a estos jóvenes ni guarda relación con la inmigración. En Mataró conviven pacíficamente 15.000 personas de origen africano", matiza Bote, preocupado por cómo este fenómeno puede acabar "estigmatizando" a determinadas nacionalidades pero también por que las patrullas ciudadanas, con quienes se mantiene en contacto, podrían terminar adoptando un camino que "no es el correcto": "No pueden erigirse en juez precipitadamente ni tampoco poner en riesgo su propia integridad", razona. "En Mataró hemos sido duros con estas ocupaciones ilegales de personas que delinquían en la población porque había que serlo [una operación conjunta entre Mossos, CNP y PL irrumpió en tres domicilios ocupados hace dos semanas] pero las instituciones [en alusión al Govern] tienen que dar una salida a estos jóvenes". El precedente El Ayuntamiento de El Masnou publicó un comunicado el 9 de junio para tratar "la existencia de grupos de jóvenes, en algunos casos extutelados por la DGAIA, que acumulan diversas causas por delitos de distintas categorías como tentativas de ocupaciones ilegales de inmuebles, pequeños hurtos, robos con violencia e intimidación o altercados con agresiones. En poco más de tres meses, personas vinculadas a estos grupos sumarían 70 delitos en el municipio". El alcalde, Jaume Oliveres (ERC), como Bote o Guisset, aclara que se trata de un problema que "sobrepasa la capacidad del municipio". En el verano del 2019 varios vecinos atacaron el centro de menores del municipio –que ahora el ayuntamiento estudia clausurar– y agredieron a uno de los educadores; el consistorio se ha personado como acusación en esta causa. Fue después de "un incidente" durante la fiesta mayor, "un intento de agresión [sexual] por parte de menores a una mujer". Aquel episodio fue uno de los primeros antecedentes de lo que ahora ha ocurrido en distintas localidades catalanas, y que la ultraderecha parece dispuesta a capitalizar. La semana pasada VOX convocó una manifestación por Mataró y los Mossos sospechan que en el origen de la acción de Premià de Mar también podría haber un grupúsculo ultraderechista y no solo vecinos enfadados. Guisset avisa desde Llançà que esta formación es "una bestia que se nutre de estas cosas". Algo que debería apremiar al resto de fuerzas a "abordar el problema". Más robos violentos y más detenciones En la región policial metropolitana norte los delitos en cifras generales han descendido. No lo han hecho en concreto los robos violentos en la vía pública o con fuerza en establecimientos comerciales detrás de los cuales están en muchos casos los jóvenes extutelados, según fuentes policiales consultadas por EL PERIÓDICO. Para contener el repunte de ambas tipologías, que generan una gran sensación de inseguridad, los Mossos, en colaboración con las policías locales de los respectivos municipios, han incrementado los controles preventivos –con antidisturbios ARRO– y las identificaciones. Las detenciones han aumentado en todas las comisarías en comparación con años anteriores.

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