Día 23 de marzo de 2020. Ramona Carvajal recibe una llamada de la doctora que atiende a su madre, Alejina, en una residencia del sur de Madrid, en la localidad de Griñón. La madre lleva 13 días enferma de covid-19, pero no la hospitalizan, pese al ruego de la hija. La anciana morirá 17 días después de esta llamada.

El testimonio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que forma parte de una denuncia que se presentará ante el juzgado de guardia, es prueba palpable de cómo se materializaba una praxis que las familias de ancianos ingresados en residencias vienen denunciando desde hace semanas: en pleno auge del coronavirus, con las ucis hospitalarias al borde del colapso, los abuelos enfermos no eran derivados a los centros sanitarios.

Un protocolo de la Comunidad de Madrid fechado el 18 de marzo por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, limitaba el acceso a las UCIs en una práctica de medicina de guerra. Se priorizaba a los más jóvenes y sanos. De las personas mayores y de los discapacitados, solo los que no tuvieran cierto nivel de deterioro cognitivo, o los que pudieran moverse por su propio pie, o no tuvieran patologias tan propias de la edad como la hipertensión o la diabetes, serían admitidos en una unidad de cuidados intensivos para intentar liberarles del coronavirus. No era el caso de la inmensa mayoría de internos de las residencias.

Después de semanas creciendo, las diligencias penales abiertas por las fiscalías de toda España para investigar si se cometió algún delito en las residencias de ancianos o de personas con discapacidad han alcanzado esta semana los 240 casos, según los datos ofrecidos este jueves por la Fiscalía General del Estado, 16 más que la semana pasada.