Después de semanas creciendo exponencialmente, las diligencias penales abiertas por las fiscalías de toda España para investigar si se cometió algún tipo de delito en las residencias de ancianos o personas con discapacidad parece que empieza a estabilizarse. Esta semana alcanzaron lo 240, según los datos ofrecidos este jueves por la Fiscalía General del Estado, 16 más que la semana pasada.
En cuanto a los procedimientos civiles preprocesales abiertos por los fiscales de toda España para proteger a los más vulnerables la cifra la cifra se sitúa en 194. La Fiscalía ha informado de que una de ellas en Huesca se ha transformado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en un Juzgado de Primera Instancia.
En los juzgados
Además de los procedimientos fiscales, que pueden acabar en archivo o transformarse en una denuncia o querella contra responsables de residencias o personas vulnerables, en función de si aprecian indicios de delito o se descartan, el ministerio público dice haber tenido esta semana noticia de la incoación de siete nuevos procedimientos por hechos relacionados con residencias de mayores o centros hospitalarios en los Juzgados de Miranda de Ebro, Gavá y Zaragoza.
En Catalunya hay 43 diligencias penales fiscales abiertas en relación con residencias, algunas a consecuencia de denuncias de particulares y hasta con los datos de fallecidos ofrecidos por el registro civil.
De las abiertas en las últimas semanas siete ya se han llevado a los juzgados para su investigación, aunque una de ellas, relativa a la restricción de visitas en una residencia fue archivada inmediatamente por el juez.