La Generalitat destina casi 100 abogados a tramitar las multas por romper el confinamiento

La Conselleria d’Interior ha reclutado a juristas del departamento destinados a otras funciones para crear un grupo de casi cien abogados que tramitarán las 140.000 sanciones que los Mossos d’Esquadra y las policías locales han impuesto a ciudadanos que quebrantaron el confinamiento decretado a raíz de la crisis del coronavirus, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La intención de la Administración es que ninguna de las actas administrativas quede sin efecto. Las que han impuesto agentes de la Guardia Urbana de Barcelona serán tramitadas en paralelo a las de Interior por el Ayuntamiento de Barcelona, pues 'conselleria' y consistorio se han repartido esta tarea. Las sanciones llegarán a sus destinatarios y se sostendrán sobre dos leyes: la 33/2011 de Salud Pública y la ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'ley mordaza'. Los ciudadanos que fueron sorprendidos por la policía durante el confinamiento decretado por el estado de alarma serán multados con el régimen sancionador que contempla la ley de salud pública para quienes desobedecen órdenes de la autoridad sanitaria. Es el mismo que, tal como se publicó en el BOE de forma reciente, permite sancionar con 100 euros a quienes salgan a la calle sin mascarilla. Desobediencia, 600 euros El castigo económico será mayor para los que al ser sorprendidos por los policías en la calle, se negaron a identificarse, desatendieron las órdenes de los agentes o incluso opusieron resistencia. Para este segundo grupo, el marco legal al cual se recurrirá será el de la ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las sanciones por desobediencia rondarán los 600 euros. Las fuentes consultadas por este diario confirman que se tramitarán las 140.000 actas levantadas por agentes policiales durante los tres meses confinamiento por respeto a los ciudadanos que han cumplido las medidas decretadas, y porque quebrantarlas ha puesto en riesgo la salud pública y ha supuesto un atentado contra el esfuerzo de profesionales sanitarios que se han jugado la piel conteniendo el avance de la pandemia. Ha sido necesario crear este grupo de casi 100 abogados porque la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) de la conselleria acostumbra a gestionar 30.000 expedientes sancionadores cada año, mientras que durante el trimestre de encierro forzoso se han recogido casi cinco veces más. Con la medida adoptada por el departamento de Miquel Buch se desatasca la tramitación de las actas de infracción levantadas por los Mossos (60%) y policías locales (40%). En los casos en que haya existido, además, resistencia y violencia contra los agentes, los juzgados instuyen las correspondientes diligencias penales. Las multas, además, supusieron un medio de disuasión para que los ciudadanos cumplieran estrictamente con el confinamiento y su tramitación y aviso a navegantes para el futuro. En el resto de España Las delegaciones del Gobierno central en las comunidades autónomas (menos Catalunya y Euskadi) también continuarán la tramitación de las sanciones interpuestas por agentes policiales en marzo y abril pasados a quienes rompieron la normas de confinamiento. O sea, llegarán a las casas de los sancionados las multas de entre 601 y 10.400 euros y, en su caso, incluso los embargos. Lo aseguran fuentes del Ministerio del Interior, que salen al paso de algunas dudas publicadas sobre la validez de esos castigos. A lo largo de la etapa más dura del confinamiento, en la que solo se podía salir del domicilio bajo circunstancias excepcionales, guardias civiles, policías, mossos, agentes forales navarros y ertzainas interpusieron 1.013.747 propuestas de sanción a quienes sorprendieron en la calle sin justificación. De esas multas, más de 8.400 derivaron además en detenciones, la mayoría de ellas por desobediencia o resistencia a la autoridad. Algunos bufetes de abogados han sostenido que estas multas pierden efecto al decaer el estado de alarma, pero fuentes del Ministerio de Interior responden que "durante el estado de alarma no se ha creado ninguna competencia nueva en materia sancionadora, no se ha creado una legalidad de excepción ni un cuerpo sancionador específico para ese estado de alarma, y por lo tanto no hay eficacia alguna que decaiga". Legalidad vigente Para estas fuentes, las sanciones que han propuesto los agentes policiales "se basan en una legalidad que ya estaba vigente antes del estado de alarma, y que no ha sido derogada después". Se refieren a dos leyes básicamente: la de Seguridad Ciudadana y la de Salud Pública, que regula un cuadro de sanciones en su capítulo sexto. Por la misma razón, continuarán su tramitación las causas penales por resistencia o desobediencia, dado que "se acogen al Código Penal", explican fuentes de Interior. La situación podría haber sido distinta si el Gobierno hubiera aceptado una propuesta de creación de un régimen sancionador específico para el estado de alarma. Pero esa idea fue parada precisamente en Interior poco antes del 14 de marzo pasado.

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