La crisis del coronavirus aboca a los más vulnerables a la ocupación

Fueron los primeros que asistieron en masa a las colas del hambre, y ahora ya están perdiendo la vivienda. Las familias que vivían de la economía sumergida, sin derecho a ninguna ayuda social y a veces sin estar empadronadas, se lanzan a ocupar pisos a la desesperada. "No tenemos otra opción, el casero nos echa", explica un padre de familia que prefiere no identificarse. La demanda es altísima y muchos auguran que irá creciendo durante los próximos días. Pero las ocupaciones conllevan un enorme riesgo sanitario, como vienen denunciando varias entidades sociales. Con fechas de esta misma semana, algunos están colgados de hace pocas horas: internet se empieza a llenar de anuncios de personas que buscan un piso para ocupar. "Por favor necesito un piso okupa que sea del banco, para mi mujer, mi niño y para mí. ¡Nos urge! Estamos casi en la calle", dice uno de ellos. Quien lo escribe es un ecuatoriano, que prefiere no revelar su identidad. "Estamos los dos sin papeles, yo trabajaba de albañil, ella limpiando. Nos hemos quedado sin nada y llevamos varios meses sin pagar el alquiler". Abonan 400 euros por vivir en una habitación de un piso en Badalona con su hijo, de ocho años, y otras familias. "El casero nos está presionado para que salgamos, quiere a alguien que le pueda pagar la habitación", dice con la voz entrecortada. "Yo no quiero ser okupa, no lo he hecho en mi vida, me da muchísimo miedo, pero es que no tenemos ninguna alternativa, haré lo que sea para que no acabemos en la calle", lamenta. Este es el mismo relato de otro matrimonio de inmigrantes que, con una niña de cinco años, viven hacinados en una habitación de realquiler en Barcelona. "Somos tres familias, pero nosotros hemos perdido el empleo, yo trabajaba en la construcción", explica el padre. "¿Qué alternativa nos queda, es que si no pagamos nos echan, y ya llevamos tres meses así. Comer, comemos del banco de alimentos, pero necesitamos un techo", dicen. Anuncios desde la desesperación También Mónica se anuncia en la red en busca de vivienda. "Estamos viviendo en casa de una amiga en Nou Barris, mi hija está embarazada, necesitamos ir a vivir en algún sitio, aquí no nos podemos quedar", cuenta entre sollozos. Ella asegura que vivía en un albergue para mujeres maltratadas, de donde fue expulsada por una confusión. "Nos hemos quedado sin nada, y busco techo como sea, solo espero que no nos timen, porque aquí hay un negocio muy sucio detrás", augura. Pero la necesidad se extiende por todo el territorio español. "Yo trabajaba en Zara con un contrato a media jornada, pero ahora me han despedido y las ayudas del erte no le llegan para pagar los 430 euros de alquiler", relata Antonio, que vive en Madrid. "El casero me echó, así tal cual", dice indignado. Ahora reside en Vallecas, en casa de unos familiares, pero también busca alternativas entre las mafias de la vivienda. "Yo cuido solo de mis dos hijos, mi mujer se fue. Me da mucho miedo esto de ocupar, pero es que no tengo otra opción", explica. Naves, oficinas abandonadas Algunos movimientos sociales apuntan que las ocupaciones vuelven a estar al orden del día, si alguna vez lo dejaron de estar. "La gente simpapeles, que no pueden acceder a ninguna ayuda pública, van a la desesperada, se meten donde pueden: naves, oficinas abandonadas, pisos vacíos. La situación es muy grave", lamenta Enrique Mosquea de la asociación Papers Per Tothom. Mientras los desahucios por orden judicial están paralizados, los llamados desahucios invisibles no cesan: aquellos que viven realquilados, hacinados y que no tienen ningún documento que demuestre que el sitio en el que viven es suyo, no tienen nada que pueda paralizar la expulsión. La asociación Prohabitatge, que proporciona vivienda social a colectivos en riesgo, señala que hay cientos de familias que están perdiendo la vivienda. "Demandas de ocupar hay muchas, y cada día habrá más, sabemos también de personas que están realquilando sus propias habitaciones realquiladas con algún colchón que tengan de más", asegura la gestora del ente, Carolina Palas. Aun así, cree que el estado de alarma ha reducido las ocupaciones 'exitosas': "los vecinos están mucho más en casa, pueden denunciar antes, hay más policía en las calles y menos gente, las ocupaciones son demasiado visibles y difíciles de acometer. Hay mucha demanda, pero poca oferta, digamos" . Aunque añade que, tras la pandemia, los equipamientos de personas sin hogar, que acogen muchas de estas familias, cerrarán y la situación dará un vuelco abismal. "Nos duchamos con cubos" Los que consigan ocupar, probablemente gozarán de un techo, pero estarán obligados a vivir en condiciones deplorables, al carecer de suministros básicos. Es lo que viene denunciando la Alianza Contra la Pobreza Energética, que sostiene que durante el confinamiento la situación se ha agravado. "Constantemente tenemos llamadas de familias que han ocupado y que no tienen agua: aquí las empresas se tienen que implicar ya instalando contadores sociales", se queja su portavoz María Campuzano, que insiste: "Estamos hablando de familias que ocupan por necesidad, que no tienen dónde ir a vivir". Es, por ejemplo, lo que le ocurre a Loli Jiménez y a su hijo de 13 años. El menor no tiene ordenador ni internet para hacer los deberes, pero este es el problema que menos preocupa a la familia. Hace ya seis meses que ambos ocuparon un piso en el barrio de la Mariola, en Lleida, tras un desahucio por no poder pagar el alquiler. La luz la tienen pinchada, con el riesgo de incendio que ello conlleva. "Y con el agua, vamos con cubos y con botellas". Las normas del estado de alarma eran claras: hay que limpiarse las manos tantas veces como sea posible. "Pues nosotros nos quedamos sin agua para lavarnos, porque la recogemos de la fuente y esos días nos las cortaron", asegura la madre. Acostumbrados a ducharse en casa de allegados o familiares, tuvieron que usar los cubos y garrafas que les prestaban los vecinos. "En mi vida me imaginé que acabaría así", responde la madre entre sollozos. Este no es el único caso en Catalunya. Según L'Aliança, hay empresas municipales de agua, entre ellas Aqualia, que no permiten instalar contadores de agua en pisos ocupados, aún que sea en casos de extrema necesidad. En algunos casos, el problema se agrava cuando los ayuntamientos no permiten empadronar a los ocupas. "En plena pandemia hay familias con hijos que no podían lavarse, que no se podían duchar, esto es impensable", se queja Campuzano. Un problema que, de no resolverse, asoma en hacerse mayor día tras día.

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