"Estamos en la uci social"

"Estamos en la uci social, en el punto máximo de la emergencia, y necesitamos una respuesta urgente de las administraciones... nosotros no podremos aguantar esta situación con nuestros fondos durante mucho tiempo más", sentencia Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Catalunya, que cada semana atiende a 10.000 familias nuevas en las filas de sus bancos de alimentos. La afirmación la comparten las entidades e incluso los trabajadores de los servicios sociales que se saben "colapsados" ante una emergencia social sin precedentes. Y es que después de la crisis sanitaria del coronavirus, donde las administraciones han desplegado recursos para reforzar un sistema sanitario que flaqueaba por varios flancos, muchos ven cómo el virus de la pobreza y la devastación social se está expandiendo sin ninguna barrera que lo detenga. Una de las causas, apuntan, es la frágil recuperación de la crisis del 2008, que ha vuelto a golpear a miles de personas que empezaban a ver la luz después del túnel. "Necesitamos un plan de choque urgente", clama la Taula del Tercer Sector. Los ingresos desaparecen en miles de familias y las facturas engordan. La crisis del coronavirus ha devorado en los dos últimos meses casi 900.000 empleos, según los datos de la Seguridad Social; cebándose especialmente entre los trabajadores con contratos temporales. Casi la mitad de estos ganan sueldos que rozan el salario mínimo. El paro ha escalado hasta los 3,8 millones de desempleados y los ertes afectan a 4,2 millones de trabajadores, según cálculos sindicales. Mientras las nóminas desaparecen para algunos, la cesta de la compra se encarece. Los datos del IPC de abril muestran que productos como la fruta se han encarecido el 12,8%, el pescado el 9,3% y la carne de cerdo el 8,2%. "Nosotros somos una entidad de ocio para los niños y jóvenes de familias vulnerables, jamás me habría imaginado que nos convertiríamos en un banco de alimentos", explica Felipe Campos, director de la Fundació Educativa Itaca en L'Hospitalet de Llobregat. Pero así ha sido: junto a la asociación de vecinos del barrio de La Torrassa, y otras entidades sociales y vecinales, están dando de comer a ciemtos de familias del barrio. "Los servicios sociales pueden tardar hasta dos semanas para concederles ayudas alimentarias, y mientras tanto, ¿qué hacen?", añade. La cola cada día es más larga. La forman madres solteras, cuidadoras simpapeles que han perdido el empleo, trabajadores que siguen sin cobrar el erte... y la estampa se repite cada día en barrios y ciudades de toda la geografía con entidades sociales de todo tipo. Los tentáculos de la pobreza, con un ingreso mínimo pendiente de desplegar y una renta garantizada de ciudadanía que en Catalunya solo llega a siete de cada 100 personas en riesgo de exclusión social, son mucho más peligrosos para aquellas personas que llegaron a la emergencia de la covid-19 sin un empleo que aquellas que sí estaban ocupadas. Pues la tasa de pobreza entre los desempleados alcanza el 46,8%; según los últimos datos del INE, referentes al 2018. En marzo más de un millón de familias estaban con todos sus miembros en paro, según los datos de la última EPA. "Desahucios invisibles" Pero la necesidad no es solo económica. La fundació Arrels recibe, constantemente, llamadas de personas que no saben cómo pagarán el alquiler, y que se ven en la calle. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explican que en el albergue para personas sin techo habilitado en la Fira ya están acogiendo personas que vivían realquiladas en habitaciones, y que al perder sus empleos, han sufrido "desahucios invisibles". Por su lado, el Banco Farmacéutico estima que la demanda de medicamentos para quienes no los pueden pagar también ha crecido de una forma espectacular. "Estamos tratando de dar fármacos a todas las personas que nos lo piden, estimamos que en toda España las necesidades se habrán multiplicado por cuatro, hasta superar los cuatro millones de personas que no se pueden pagar la medicación", apunta el responsable del Banco, Álex Brenchat. La Alianza contra la Pobreza Energética alerta que hay un "temor terrible" entre muchas familias, que han visto como los recibos de la luz, el agua y el gas han crecido durante el encierro, pero no los ingresos. "En vez de avisarles que si no pagan les cortarán la luz, cosa que no pueden hacer, las empresas deberían condonar estos recibos", pide su portavoz Maria Campuzano. "La situación es desesperada, todas las entidades se están reinventando para ofrecer comida, pagar alquileres de habitaciones, dar medicamentos... estamos en una crisis más injusta y más desigual que la del 2008, porque las familias están partiendo de cero", señala la presidenta de la Taula de les entitats del Tercer Sector, Francina Alzina. La demanda es elevadísima, y los gastos también. ¿Pero quién los está afrontando? "Las entidas sociales se están volcando en pedir donativos, campañas de empresas y particulares... es que no hay otra fórmula", señala Alzina, que pide a las administraciones que "tomen cartas en el asunto urgentemente". Un ejemplo es la fundación ABD, que ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para dar alimentos y pagar el alquiler a cerca de 600 madres con hijos que, de un día para otro, se han visto sin ingresos. "Muchas son simpapeles, que trabajan de cuidadoras, y no tienen a lo que acogerse", explica Nausica Castelló, portavoz de la campaña #joetveig. "Nosotros no deberíamos estar haciendo esto, estas mujeres tienen unos derechos que la administración debería garantizar, pero no está pasando y no les vamos a dejar en la nada", añade. Algo similar han vivido en Itaca. "Aún no hemos visto los ordenadores que prometió la Generalitat para los niños vulnerables, los que hemos conseguido han sido con donativos de empresas", cuenta Campos. Fondos privados y donativos El gasto extraordinario que supone esta pobreza aguda solo se puede afrontar con donativos privados. Las entidades sociales llevan años pidiendo un aumento de las ayudas públicas y los únicos ingresos públicos que están percibiendo hoy son las subvenciones para las actividades hechas el año pasado. Solo la Cruz Roja ha recibido fondos extra del Govern tras la pandemia. "Han anunciado una donación de 1,5 millones de euros para alimentación a la infancia vulnerable, pero es que nosotros desde el 15 de mayo ya hemos invertido dos millones de euros y prevemos dos millones más en los próximos meses", expone Morist. "Hacemos trabajo humanitario en situaciones de emergencia, pero las administraciones son las responsables de garantizar derechos de sus conciutadanos, y esto no lo están haciendo", responde tajante. La Taula señala especialmente la demora del Govern de Quim Torra sobre toda esta emergencia. "Mientras ya nos hemos reunido dos veces con el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en el plan de reconstrucción social, aún estamos esperando que el Govern nos convoque, hace muchas semanas que pedimos una respuesta a la Generalitat y de momento no llega", se queja Alzina. El sector pide un "plan de choque" urgente, pero Jordi Gusi, desde la Federación de Entitats Catalanes d'Acció Social, propone "ir a la una" con medidas de inserción laboral. "Debemos dejar de hacer asistencialismo, y tratar de que todas estas personas que ya fueron víctimas de la crisis se puedan levantar los más rápido posible", aclara. Un plan, según su opinión, que debería contar con el apoyo del Govern, y del mundo empresarial. "Si no, volveremos a ver una película que ya sabemos como acaba: hambre y desahucios". Colapso en los servicios sociales Y mientras, la cara visible de las administraciones en toda esta catástrofe social son los trabajadores de los servicios sociales municipales, que dependen de los ayuntamientos. "Las peticiones se han duplicado, pero nosotros somos los mismos, y además la mitad de la plantilla está trabajando desde casa. ¡Vamos al mil por cien, pero claro que los servicios sociales están colapsados!", se queja Mercè Civit, responsable de la sección de Servicios Sociales del Col·legi de Treball Social de Catalunya, que pide "urgentemente" un cambio en las ratios del personal. La segunda medida social que podría ayudar a paliar la situación social es la renta garantizada de ciudadanía, que, en palabras de Civit, "no llega a todo el mundo que la necesita", y que además, para cobrarla hay que esperar al menos dos meses. El sector pues, pide que se implemente ya el ingreso mínimo vital, la renta social que quiere aplicar el Gobierno a nivel de todo el país. Más demandas que en los últimos cuatro años "En dos meses ya hemos superado las demandas de hace cuatro años", explican fuentes de la la Diputación de Barcelona, que recuerda que según los servicios mínimos decretados por la Generaliitat, los Servicios Sociales municipales no podrán reabrir hasta que los municipios lleguen a la fase 1. "La ratio de trabajadores en los servicios sociales ya se manifestó insuficiente e inadecuada durante los años de la crisis", añaden las mismas fuentes, que pieden "contar con más profesionales", para, por un lado "hacer frente al nuevo incremento de la demanda" que se asoma en los próximos meses, pero además, "mejorar los circuitos de atanción", para podr dar una respuesta "ágil y rápida". Por el momento, el Govern de la Generalitat anunció el viernes un plan de 2,5 millones de euros para entidades sociales y ayuntamientos que tengan que desarrollar proyectos de personas sin hogar y voluntariado, y 8 millones más para la atención social en los domicilios. En relación a la renta garantizada de ciudadanía, en los últimos dos meses, el número de nuevos beneficiaros ha crecido un 3,5%, con 2.857 hogares que la reciben, mientras que en las colas del banco de alimentos los aumentos son ya del 40%.

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