El Gobierno "presentará antes del verano en el Congreso una iniciativa" legal para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan controlar los precios de los alquileres de viviendas en las ciudades donde "hayan subido de forma desorbitada". Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su comparecencia en la Cámara Baja. Se despeja con ello una de las dudas que planeban sobre el pacto de gobierno del PSOE con Unidas Podemos.

La medida figuraba en el texto del acuerdo entre ambos partidos pero también estuvo incluida en el pacto de la moción de censura y el Gobierno, entonces monoclor,  eludió cumplirlo ante la presión de inversores e inmobiliarias que amenazaron con abandonar España.

Consultas previas

"No queremos mirar hacia otro lado. No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda",  ha dicho el ministro, que se ha comprometido a "consultar a todos los agentes implicados, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado" antes de presentar la iniciativa. "Es una medida oportuna, tasada y proporcional", ha destacado.

El ministro, que comparece en el Congreso para avanzar las líneas generales de su departamento en esta legislatura,  no ha precisado como se tramitará la reforma. Se están analizando tres opciones: una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), incluirlo en la ley de Vivienda que está en fase de elaboración o en un decreto ley. Esta vía sería la más rápida y permitiría que el cambio entrara en vigor de modo inmediato tras su aprobación por el Ejecutivo.

Previamente, a finales del mes de marzo, se habrán presentado los primeros resultados del "nuevo índice de referencia del precio del alquiler de vivienda", creado por el decreto de reforma de la LAU aprobado el pasado año. Un decreto que, a juicio de Ábalos, ya ha contribuido a frenar la subida de los precios y a reducir el número de desahucios.

Antes incluso de que los grupos de la oposición hayan podido intervinir, el portal inmobiliario Idealista ha rechazado la propuesta. Su portavoz, Fernando Encinar, opinó que "capar los precios" no es el camino para solventar el problema de los precios de la vivienda en alquiler y ha alertado de que la inversión migrará a ciudades con entornos jurídicos más estables, "huyendo de las ciudades que apliquen control de precios".

Ciudadanos y Vox han formulado críticas similares, mientras que la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo ha cerrado filas con el ministro.

Blindaje frente a los fondos buitre

El ministro también ha hecho referencia a la ley de Vivienda que incluirá blindar la viviendas públicas de manera que sus titulares no pudieran privatizarlas como hicieron el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, al venderlas a fondos buitre. La nueva norma establecerá también "la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general".