Si quieren vivir una vida autónoma, las personas con discapacidad tienen que asumir gastos que ninguna administración suple. Por ejemplo, aparatos especiales, un asistente o servicios de rehabilitación que, de media, pueden llegar a costar hasta 41.200 euros al año, según un estudio que ha encargado el Ayuntamiento de Barcelona a la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Las entidades sociales puntualizan que quienes no disponen de este dineral o bien viven "aislados" en casa o bien no reciben todos los cuidados que deberían.
Roser Roigé hace 30 años que cuida su marido, enfermo de párkinson. Pagan un servicio de rehabilitación, otro de fisioterapia y él también asiste a sesiones semanales de logopedia para poder seguir hablando y deglutiendo. Han tenido que reformar el baño para adaptarlo, y por suerte, en su edificio hay ascensor. "Nosotros tenemos que pagar estos gastos de nuestro bolsillo", explica Roser.
Los investigadores del ESCI han hecho una lista de servicios necesarios, en función del tipo de discapacidad y el grado, y han restado las prestaciones públicas y las deducciones que ofrecen las administraciones. Con todo, los gastos que deben asumir los afectados llega a duplicar en muchos casos lo que cobran las personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Trabajo.
La horquilla más alta de las cantidades a las que hay que hacer frente es la que asumen las personas con discapacidad física, que va desde los 1.186 hasta los 3.368 euros mensuales. "Estas personas necesitan adaptar su hogar para poder moverse, pero también en varios casos requieren de asistentes personales que les ayuden a hacer ciertas tareas", apunta Meritxell Caralt, secretaria técnica del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), una de las entidades que impulsó este estudio. Los costes que repercuten en las personas con discapacidad visual o auditiva oscilan entre los 572 y los 1.194 euros al mes. Entre otros, se computan necesidades básicas como los aparatos auditivos.
Otro sector que sufre un agravio importante es el de las personas con discapacidad intelectual o un trastorno mental diagnosticado. Pueden tener que llegar a asumir costes de hasta 2.290 euros cada mes, especialmente entre las personas de mayor edad. "Estamos hablando de una discriminación muy seria, que a medida que han pasado los años se ha normalizado, y el sistema público no lo puede permitir", señala Manel Palou presidente de la entidad DINCAT, especializada en atención a personas con discapacidad intelectual.
Estos cálculos se han hecho teniendo en cuenta, previamente, las ayudas que cubren las administraciones públicas y que, según Marta Segura, una de las autoras del informe, demuestran que "las ayudas públicas, de media, no cubren las necesidades". ¿Y qué pasa con las familias que no pueden asumir este coste? "Pues hacen menos rehabilitación, los afectados se quedan encerrados en casa porque no pueden salir... En definitiva, no pueden tener una vida autónoma, nadie se preocupa por ellos", sentencia Roigé, que además de ser cuidadora preside la Confederació Catalana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Catalunya.