Organizaciones dedicadas a la infancia como Unicef y Save the Children, entre otras, y la Abogacía del Estado han instado este jueves a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a que investiguen posibles delitos de odio contra los niños y niñas que llegan solos a España.
Unicef, Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía Española se han dirigido a estas dos instituciones para mostrarles "su profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños y niñas migrantes que llegan solos y solas a España, conocidos como los “menas” (Menores Extranjeros No Acompañados)". Las organizaciones hicieron llegar su preocupación a los dos organismos oficiales a través de una carta conjunta el pasado 7 de noviembre.
Según estas organizaciones, en los últimos meses se han dado numerosos casos en los que "se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos". Estas organizaciones han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio "está calando en la sociedad".
Y consideran que manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid "vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana".
Las ongs insisten en que "en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que 'niño migrante no acompañado' es sinónimo de delincuente o de problema de orden público". Hacen hincapié además en que una afirmación general sobre su criminalidad "vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España".
Las manifestaciones y los "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone, a juicio de las ongs, “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas", contraria al artículo 16 de la Convención.
Este artículo dice que "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".
Ongs y Abogacía recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores.
Este artículo prevé además expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.
Estos discursos, según dicen, "ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio", como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.
Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio. Por ello, las ongs y la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo.
Exigen además "seriedad y rigor" en el tratamiento de este tema, y en especial, les solicitan que adopten medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, "ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro".