Javier Padilla (Madrid, 1983) es médico de familia, con formación en gestión sanitaria y durante años coautor del blog ‘Médico Crítico’. Ha asesorado en el Congreso a En Comú Podem y ha escrito un ensayo en el que analiza cómo lograr que el sistema de salud sea más justo y eficiente.

Su libro se titula ‘¿A quién vamos a dejar morir?’. ¿Los fallos del sistema aumentan el número de defunciones?

Sí, los fallos y las políticas. En pocas ocasiones están contabilizados, pero el real decreto que expulsó de la sanidad a los inmigrantes indocumentados, aumentó la mortalidad en 70 personas al año.

¿Hay relación entre las privatizaciones y el aumento de los fallecimientos?

Los estudios al respecto son bastante malos. Un aumento del gasto público en salud disminuye la mortalidad y hay algunos estudios, por ejemplo uno que se hizo en Italia, que demostró que aumentar el gasto sanitario en centros de gestión pública disminuyó la mortalidad mientras que, en los centros privados, el dinero no tenía esa capacidad. Pero es difícil vincular la causa al efecto.

¿Cuáles son los grandes males del sistema sanitario español?

En primer lugar, hay un anquilosamiento en la gestión de los profesionales, ya que estamos gestionando como hace 40 años. En segundo lugar, falta evaluar lo que hacemos. Y uno de los grandes retos es la introducción de tratamientos innovadores, tremendamente caros, y la falta de capacidad de evaluar con anticipación y de echar un pulso a la industria para introducirlos a unos precios que no ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema, constituye también un riesgo. En tercer lugar, el sistema sanitario es una isla que no tiene capacidad para articularse con su pata de servicios sociales, urbanismo o economía y sabemos que estos modelos tienen un impacto incluso mayor en la salud que el sistema sanitario. Con el añadido de que como el entorno sanitario tiene capacidad para captar financiación, acabamos sanitarizando todas las respuestas a la enfermedad, cuando en muchas ocasiones la salud se genera en otros ámbitos.

Usted fue asesor parlamentario. Nuestros portavoces de sanidad, ¿dan la talla?

Hay de todo, pero lo que yo me encontré es gente que quería hacerlo lo mejor posible, con más o menos formación. Pero el problema es la falta de pertenencia a lo público. Y es que una gran parte de los políticos son funcionarios en excedencia y en España los funcionarios no tienen por qué acceder al sistema público, dado que financiamos los sistemas privados de las elites funcionariales. Es una anomalía democrática, que perjudica a la legitimidad del sistema y pone en riesgo la sostenibilidad.

En el libro, señala que la desigualdad es una enfermedad y esta se perpetúa en las consultas. ¿Por qué?

Las consultas no son espacios asépticos. El paciente tiene su bagaje, entorno y contexto, que generalmente ha generado el problema de salud. Y los médicos también tienen su bagaje, entorno y contexto, lo que hace que traten a la gente de forma diferencial. Los estudios indican que solemos dedicar menos tiempo a las personas con renta social baja, porque solemos empatizar con aquellos parecidos a nosotros. Es una de las desigualdades que generamos, la ley de cuidados inversos, que significa que se presta mayor asistencia a los que menos lo necesitan. Es algo de lo que tenemos que ser conscientes, para contrapesarlo.

En su libro apuesta por reforzar la atención primaria, ¿cómo lo haría?

Hay que aprender de la crisis anterior, donde se recortó más en atención primaria porque los hospitales tienen gran capacidad de captar dinero a través de la factura farmacéutica y las innovaciones tecnológicas. Pero en la atención primaria la tecnología es humana. Por eso, si no hay una apuesta política expresa, con una crisis, la atención primaria se caerá. Y tiene que ser una apuesta de aumento de la financiación pero también de la representación dentro del sistema. Los centros de salud tienen que ser la parte central en la toma de decisiones, hay que aumentar su capacidad de gestión y ser reconocidos como agente de alta especialización, en el que se da asistencia global y de gran importancia. No puede ser que parte del tiempo de las consultas se dedique a solucionar lo que no se hace en otras partes o a temas burocráticos.

¿Ve factible que en los precios de los medicamentos se fijen en función de su interés público y que haya descuentos para el Estado si en parte de su desarrollo han participado instituciones públicas?

Con la relación de fuerzas actual, en la que lo público no tiene alternativa para competir con lo privado y por tanto se financia a un precio cercano al que pone la industria, no va a cambiar nada. El modelo actual y la escalada de precios nos lleva a un apocalipsis farmacéutico, que no creo que sea beneficioso ni siquiera para la industria. Pero para que cambie esa relación, desde lo público tiene que haber una apuesta decidida. El sistema tiene que generar los medicamentos en todas sus fases, no sólo el conocimiento embrionario, hay que dar pasos hasta la investigación aplicada. Y no es una utopía, ya hay una terapia avanzada contra el cáncer íntegramente pública. Otro paso importante es la transparencia. Si no sabemos cuánto cuesta la investigación, el precio se fija según lo que la industria dice, añadiendo un porcentaje en función de los riesgos.

Qué le parece que aún no se haya aprobado el reglamento que desarrolla el real decreto que devolvió la sanidad a los inmigrantes sin papeles, lo que está provocando queel real decreto que devolvió sigan las exclusiones

El real decreto fue lo suficientemente ambiguo para que las autonomías puedan hacer y deshacer. No se escuchó a las oenegés para hacer una reglamentación realmente universal. Y está claro que el reglamento ha sido rehén de la falta de Gobierno. Esperemos que cambie.

¿Consideraría la obesidad una enfermedad, con el fin de aumentar los recursos

Lo primero que habría que hacer es no considerar a la obesidad un problema médico, porque tiene determinantes sociales y económicos. Eso no quita que no sea un problema de salud pública. Y que en personas concretas tenga la entidad de enfermedad. Pero hay que vivirla como un problema social, político y económico y desde ahí atajarla.

Usted apuesta por pasar de la prevención a la promoción de la salud, ¿cómo?

El discurso de la prevención es muy normativo y pone su énfasis en la acción del sistema sanitario. Y la promoción está ligada al empoderamiento de los colectivos. Un ejemplo son las políticas de movilidad en las ciudades. Más que prevenir el sedentarismo, hay que tener entornos urbanos donde la gente se vea incentivada a caminar y usar la bici.

El número de médicos con enfermedades mentales y adicciones ha aumentado un 30% en dos años y la tasa de suicidios también está por encima

Sin ser un experto yo creo que hay varias causas. Las consultas se llenan de problemática social, económica y laboral, pero los sanitarios no tenemos capacidad de respuesta a estos problemas. Nos encontramos entonces profesionales no realizados porque no puede dar respuesta a los problemas, con mayor precariedad laboral, de medios y con mayor exigencia a nivel social, de los pacientes y de la jerarquía.