Trece años después, y tras una larguísima batalla contra el olvido y el archivo judicial del caso por parte de las víctimas, el accidente del Metro de València llegará a juicio. La titular de Instrucción 21 de Valencia decretó en un auto notificado la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
La decisión, contra la que no cabe recurso, da por dirigida la acción civil contra la aseguradora Zurich y contra FGV en concepto de responsable civil directo y subsidiario, respectivamente, y señala los Juzgados de lo Penal de Valencia como los competentes para un juicio que, en principio, no será antes del verano.
El 3 de julio de 2006 el convoy de la Línea 1 descarriló en el centro de València y provocó 43 muertos y 47 heridos, un trágico balance que le convirtió en el accidente suburbano más grave de la historia de España y el tercero peor de toda Europa. La investigación se archivo en cuatro ocasiones y el gobierno del PP nunca recibió a las víctimas, cambió el nombre de la estación en la que se produjo el siniestro y rechazó siempre cualquier responsabilidad de FGV.
La investigación determinó que el metro viajaba a 80 km/h cuando se salió de una curva, el doble de la velocidad permitida, y la jueza que ha desarrollado la instrucción siempre consideró que esa era la causa del accidente y que el único responsable era el conductor, que fue uno de los fallecidos. Por eso decretó reiteradamente el archivo del caso.
Pero el pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial le conminó a seguir adelante con el procedimiento, lo que abocaba el caso a esta apertura de juicio, una decisión que acató pero que en su escrito dejó claro que tomaba por estar "vinculada" a la decisión del órgano superior.
Petición de cárcel
Tanto la Asociación de Víctimas como la Fiscalía defienden que la empresa tiene una responsabilidad directa en el accidente por entender que aunque la velocidad máxima era de 40km/h y la velocidad máxima permitida en la FGV era de 60km/h no se implementó ningún sistema para impedir que se superaran esos límites.
La Fiscalía, que pedirá más de tres años y medio de cárcel para los directivos, también apunta a "graves defectos en la configuración y sellamiento de las ventanas" como causa de que "se descorrieran como persianas" y que por eso algunos de los pasajeros fueran "succionados" y arrojados a las vías y cuando el convoy volcó otros quedaran a merced de las vías "con fallecimiento inmediato de todos ellos".
También defiende el ministerio que los directivos “conocían o debían conocer” otras deficiencias “del material móvil rodante” y en la “formación y selección de personal para la tarea de maquinista” y destaca la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales que neutralizara los riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco de los trenes” en esa línea.
Durante la larga instrucción ambas partes también han subrayado que el Libro de Averías del convoy nunca apareció, que la 'caja negra' se leyó en dependencias de la FGV y sólo con su personal y los sindicatos y que no hubo control sobre los vagones siniestrados precintados.