Una mujer de 66 años y su hijo discapacitado de 33 han estado desde octubre viviendo en un trastero de cinco metros cuadrados en València al no poder afrontar un alquiler a precios de mercado pero, al denunciar su situación, la dueña del habitáculo le instó a dejarlo de manera inmediata.
Ahora la solidaridad de un hostal cercano, de una empresa de frutas y del sindicato de la estiba le permitirán alojarse durante un mes en el establecimiento hotelero a la espera de una solución estable.
Rosario Planas se rompió el tobillo hace dos años y perdió parte de sus ingresos pues no pudo continuar cuidando ancianos. Aún así, asegura que con los 380 euros que recibe de pensión por la discapacidad que ella misma padece y los 366 que ingresa por cuidar a su hijo, que tiene diagnosticada una discapacidad mental del 65%, podía pagar los 370 euros de alquiler de la casa en la que vivía.
“Con el dinero que me quedaba tras abonar el alquiler pagaba la luz, el agua y el gas, y solía quedarme 50 euros para otros gastos”, explicó a Efe.
Pero el piso fue vendido, los nuevos dueños le instaron a abandonarlo y ante la imposibilidad de afrontar otro alquiler, decidió trasladarse a un trastero de unos cinco metros cuadrados que alquiló por 50 euros.
“La única solución fue ir al trastero, que sí podía pagar, porque solo me ofrecían alquileres de 500 ó 600 euros”, explicó. Sus otros tres hijos se marcharon a casas de amigos.
Ante la falta de espacio, por la noche sacaban un colchón hinchable a la zona común y se cubrían conun nórdico. El hijo pasa la mayor parte de la jornada en un centro de atención especial y ella acude a un comedor social del barrio.
La denuncia pública de su situación desembocó en una llamada de la dueña del trastero, que al parecer desconocía que estaba siendo usado como vivienda, instandole a abandonar inmediatamente un espacio que no tiene cédula de habitabilidad.
Pero también recibió otras llamadas. Por un lado, del cercano, el Hostal Casual Valencia de las Civilizaciones, que se ha comprometido a alojarla gratuitamente dos semanas, y por otro de la empresa de frutas SanLucar y de la Coordinadora de Estibadores del Puerto que asumirán otras dos semanas de estancia, según cuenta Levante, el periódico que destapó el caso.
También el Ayuntamiento le llamó pero no acudió a la cita por estar hablando con diversos medios. En el consistorio le esperaba un ‘informe de exclusión social’ que, aseguran, le habían mandado dos veces a la dirección de su antigua casa, e información sobre una ‘ayuda de emergencia’. Ahora trabajan en dar una salida puntual a la situación mientras la Conselleria de Vivienda le encuentra un piso, aunque para alterar la lista de espera era imprescindible ese informe municipal.