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PRÓXIMA DECISIÓN DEL GABINETE DE SÁNCHEZ

El Gobierno eliminará el copago farmacéutico de los pensionistas

La medida se incluirá en el real decreto que devolverá el carácter universal a la Sanidad

El Ejecutivo calcula que la iniciativa tendrá ahorro para los jubilados de entre 450 y 500 millones de euros

 Una paciente muestra su receta en la farmacia para cambiar por la mediacion correspondiente, este viernes en Barcelona.   / JORDI COTRINA

La vuelta a la salud para todos, revirtiendo la decisión del PP que dejó fuera del sistema a los inmigrantes en situación irregular y adelantada ayer tras el Consejo de Ministros, no será la única medida en este campo que abordará a corto plazo el Ejecutivo socialista. Casi en paralelo, aunque aún no haya sido anunciado, el Gobierno se prepara para poner fin al copago farmacéutico para los pensionistas, en vigor desde el 2012, cuando Mariano Rajoy aprobó la iniciativa, por la que los jubilados, salvo los que perciben pensiones no contributivas o mínimas, abonan una parte de la cuantía de los medicamentos que les dispensan en las recetas.

El PP aprovechó el mismo real decreto que acabó con el carácter universal de la sanidad, el 16/2012, para instaurar el copago. La decisión no está tomada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se inclina por utilizar también el real decreto anunciado este viernes, que se aprobará dentro de seis semanas, a finales de julio, para tumbar también la controvertida iniciativa farmacéutica.

A diferencia de la salud para todos, cuyo coste en principio será mínimo, el fin del copago sí tendrá un impacto económico relevante. Aunque fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que todavía no han "hablado en profundidad" con los departamentos de Economía y Hacienda, el cálculo es que podría suponer un gasto de entre 450 y 500 millones de euros al año.

Críticas al PP y Cs

Las críticas al copago han ocupado un lugar central en el discurso de Sánchez contra Rajoy. "Lo que ha ocurrido en estos años es la historia de un recorte tras recorte de la sanidad de este país", dijo el líder socialista durante la campaña de las generales del 2015. "Quiero acabar con los copagos, porque considero que la sanidad es un derecho.  Apostamos por las subastas de medicamentos y no por los copagos", añadió. El ahora presidente del Gobierno también ha empleado estos argumentos para atacar a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que llegó a coquetear con la idea de que las comunidades autónomas pudieran dotarse de mecanismos de copago con los que financiar la sanidad y la educación. "La fórmula Rivera es igual que la fórmula Rajoy. Es decir, recortes y desigualdad", dijo Sánchez en esa misma campaña.

Con la derogación del copago de medicamentos, el PSOE volverá a marcar una enorme distancia respecto a los conservadores y los naranjas. Sánchez se apuntará otro tanto, capitalizando así las reivindicaciones sociales frente a Podemos, con quien compite por los votos de izquierda, y seguirá mostrando que quiere imprimir velocidad a su acción de Gobierno en una legislatura que durará, como mínimo, un año, según los planes socialistas.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, también ha estado implicada en la lucha contra este sistema farmacéutico desde su antiguo puesto de 'consellera' del ramo en la Generalitat valenciana, presidida por Ximo Puig, un puesto que dejó para formar parte del Ejecutivo de Sánchez. En diciembre del 2015, la autonomía suprimió el copago para los pensionistas que cobraban menos de 1.000 euros al mes y para discapacitados con minusvalías superiores al 65%. Un año y medio después, en febrero del 2017, fue un paso más allá, al asumir la comunidad el copago de los menores adscritos a una tarjeta sanitaria en la que el titular tenga una renta de menos de 18.000 euros anuales.

Cuatro franjas

Hasta abril del 2012, los pensionistas no tenían que poner nada de su parte por los medicamentos que les dispensaban con receta. Pero el real decreto de Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, decidió, además de dejar fuera del sistema de salud a los inmigrantes irregulares, poner fin a este método. El PP introdujo cuatro franjas. Los que  tienen una pensión mínima o no contributiva siguen sin pagar nada. Los jubilados que ingresan hasta 22.000 euros al año, se hacen cargo del 10% del importe del medicamento, con un límite de ocho euros al mes. El porcentaje es el mismo si la pensión oscila entre 22.001 y 100.000 euros, pero el máximo es de 18 euros mensuales. Por último, aquellos que ingresan más de 100.000 euros al año, deben pagar el 20% con un tope de 60 euros al mes.

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