Human Rights Watch (HRW) denunció hoy el amplio uso de leyes, reglamentos opresivos y de demandas por parte de las autoridades de Singapur para coartar las libertades de expresión y de reunión en la ciudad-estado.

En un nuevo informe, la organización denunció que singapureses que se expresan de forma critica contra el gobierno o la justicia, o sobre asuntos de religión o étnicos se enfrentan a menudo a demandas con elevadas reclamaciones de daños y a procesos penales.

Según HRW, Singapur utiliza leyes como las de Orden Público, de Sedición o de Retransmisión, normativas del código penal y de concesión de permisos para imponer la censura y limitar el debate en los medios de comunicación, internet o películas.

El subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson, denunció que estas restricciones han "reprimido" desde hace tiempo el debate sobre cuestiones de interés público.

"Singapur se promueve como una nación moderna y un buen lugar para los negocios pero la gente de un país que se considera una democracia no debería tener miedo de criticar al gobierno o hablar sobre asuntos políticos", dijo Robertson según un comunicado.

La organización puso como ejemplo el caso de Roy Ngerng, un activista que tras criticar al gobierno en su blog y denunciar las desigualdades fue condenado a indemnizar con más de 100.000 dólares al primer ministro -que le demandó por difamación- y despedido del trabajo.

También denunció las restricciones de expresión en espacios públicos sin permiso policial, limitada a un punto de un parque de la ciudad en el que se prohíbe la presencia de extranjeros, y sobre cuestiones "sensibles" como los derechos de los homosexuales.