El pasado mes de junio, Arizona se convirtió en el sexto estado de Estados Unidos en declarar la emergencia estatal para hacer frente a la epidemia de heroína y opioides con receta, que en el 2016 dejó en su territorio una media de más de dos muertos diarios por sobredosis. "Tenemos que tomar medidas porque el número de sobredosis y muertes por opioides crece a un ritmo alarmante. Es hora de llamarlo por su nombre: es una emergencia", dijo el gobernador republicano, Doug Ducey. "Muchos de nosotros conocemos a alguien afectado por el abuso de sustancias, en nuestra familia, entre nuestros amigos o vecinos. Nuestros corazones padecen por ellos, pero no es suficiente. Debemos hacer más".

EEUU empieza a despertar de su letargo, décadas después de que empezara a gestarse en sus clínicas y hospitales un cambio de mentalidad en el tratamiento paliativo del dolor, un cambio que, en nombre de una pretendida compasión, dio pie a que la prescripción de analgésicos narcóticos se extendiera como una plaga. El resultado se llora hoy en sus morgues. El año pasado murieron una media de 142 estadounidenses al día por sobredosis. Más de ocho millones de sus ciudadanos abusan hoy de fármacos como el OxyContin o el Percocet, según estimaciones federales, y 2,5 millones son adictos a esos medicamentos opioides o a la heroína.

Promesa pendiente de cumplimiento

Donald Trump prometió actuar durante la campaña, pero sigue sin declarar formalmente la "emergencia nacional" que invocó hace unas semanas ni implementar el informe que encargó a una comisión de expertos. Ante la pasividad del Gobierno federal, varios estados han tomado la iniciativa con declaraciones de emergencia que han servido para destinar fondos adicionales a la lucha contra las drogas. Aunque cada uno ha tomado medidas distintas, la mayoría tratan de expandir los tratamientos de desintoxicación a base de metadona o buprenorfina; de incrementar el acceso a la naloxona, un antagonista de los opiáceos que revierte rápidamente los efectos de las sobredosis; o de cambiar las leyes para que la adicción se afronte más como un problema de salud pública que como desafío policial. También se está intentando educar a los médicos para que solo receten opioides cuando sea estrictamente necesario.

Pero a ojos de los expertos, todo está yendo demasiado lento. "Lo que han hecho esos seis estados es, por un lado, llamar la atención sobre la severidad del problema y, por otro, tratar de hacer algo para atajarlo", explica el médico y especialista en salud pública de la Universidad John Hopkins Joshua Sharfstein. "Hasta ahora han tenido más éxito con el primer objetivo porque las medidas adoptadas no están siendo demasiado efectivas".

Pocos tratamientos

El acceso al tratamiento es ilustrativo. Solo uno de cada diez adictos a los opiáceos ingresa en un centro de desintoxicación o recibe tratamiento por prescripción médica. En los hospitales faltan camas y las listas de espera para ingresar en un centro suelen ser la norma. Las leyes tampoco ayudan porque persiste la percepción de que los sustitutivos de la heroína no conducen a la sobriedad, sino que prolongan la adicción e, incluso bajo programas públicos como Medicaid, algunos estados restringen el acceso a la metadona. "Sigue habiendo mucho estigma asociado a la adicción y su tratamiento. En general, el sistema de salud no ha hecho mucho para cambiar la situación", dice Sharfstein.

Tratándose de una epidemia tan compleja, algunos estados han descubierto que las medidas aisladas no sirven para nada si no van acompañadas de una actuación integral desde varios flancos. Así le sucedió a Massachusetts, el primer estado en declarar la emergencia en el 2014 (desde entonces le han emulado Alaska, Florida, Maryland, Virginia y Arizona). Massachusetts optó por acortar los tratamientos con opioides y restringir las dosis recetadas por sus médicos. En los dos próximos años el uso de fármacos narcóticos cayó un 16%, pero las muertes por sobredosis siguieron aumentando a medida que sus pacientes recurrían al mercado negro para paliar el mono. En lugar de colocarse con hidrocodona, muchos se pasaron al caballo o el fentanilo, un opioide sintético mucho más potente que la heroína y muy difícil de detectar en las fronteras. China parece ser su principal punto de partida.

La naloxona salva vidas. Algunos estados están tratando de que sus servicios de emergencia y sus cuerpos policiales tengan siempre suficientes dosis a mano para revertir las sobredosis. Pero muchos condados están descubriendo que el Narcan (su nombre comercial) tiene un coste prohibitivo. Una sola dosis puede costar hasta 150 dólares, por lo que la comisión de expertos encargada por Trump ha propuesto al Gobierno federal que negocie con las farmacéuticas una rebaja de precios.

"Se podría estar haciendo más y mucho más rápido", se queja Gary Mendell, director de Shatterproof, una organización que trabaja con los estados en la lucha contra la epidemia. En parte lo achaca a la lentitud intrínseca del proceso legislativo, pero también a los obstáculos de las farmacéuticas, que se han hecho de oro con la crisis. "La industria se gasta 90 millones de dólares al año en contribuciones de campaña y lobi para evitar que se restrinja la prescripción de opioides", dice Mendell.