Un empleado de una sociedad vinculada al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha destacado hoy en el juicio a la red la exigencia del exconsejero madrileño Alberto López Viejo a la hora de pedir "rigor absoluto" y "perfección" en la organización de eventos institucionales en la Comunidad de Madrid.

El testigo que trabajaba para la empresa Márketing Quality Management (MQM), vinculada a la trama, ha dicho que el único contacto que tenía con el exconsejero madrileño y acusado en el juicio se producía cuando éste detectaba algún error en la organización de actos, momento en el que se dirigía a él "exigiendo un rigor absoluto".

"A veces se salía de la educación exigiendo esa perfección", ha explicado el empleado de MQM en la jornada número 86 del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.

También ha subrayado la "premura" con la que le llamaba el exasesor de López Viejo y también acusado, Pedro Rodríguez Pendas, en representación de la Comunidad para realizar los eventos, en ocasiones con un plazo de 24 horas.

La empresa MQM está considerada por la Fiscalía como una sociedad "pantalla" utilizada en ocasiones por el Grupo Correa para emitir facturas de actos a la Comunidad de Madrid simulando ser la adjudicataria formal de los mismos, cuando en realidad eran las empresas vinculadas con la trama.

El testigo ha explicado que en un momento dado la empresa Diseño Asimétrico, también relacionada con la red corrupta, les remitió unas facturas de eventos que MQM no había realizado ni tenía conocimiento de haberse producido.

"Nosotros siempre queríamos saber que actos se hacían y verificar que todo se hacía y había actos de los que no habíamos oído hablar nunca", ha dicho.

Y ha añadido que es posible que esas facturas no se admitieran y se devolvieran, lo que prueba que MQM no actuaba como mera comisionista.

Según el Ministerio Público, fue el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad Alberto López Viejo quien firmó la adjudicación presuntamente irregular a MQM de un contrato de montaje escenográfico de los actos institucionales a celebrar en la Comunidad durante un período de 8 meses en 2007.

Y señala que el entonces administrador de la citada empresa, Antonio Martín, "conocía el acuerdo económico preexistente con el viceconsejero, la comisión que le había sido asignada en cada acto y el sobrecoste que ello suponía para la administración".