El Gobierno ha puesto fecha límite a las extensas colas que en ocasiones se acumulan en el aeropuerto de El Prat desde que entrara en vigor la nueva normativa en los controles de fronteras de la UE. Será en el transcurso de junio, cuando cobren efecto las primeras medidas del plan de choque que aplica desde que se registraran las enormes aglomeraciones en las instalaciones durante el pasado puente de mayo.

Una de las primeras iniciativas llegará antes de verano, con la adquisición de 40 verificadores de documentación, del total de 450 que se distribuirán por los aeródromos españoles. Veinte de ellos ya se repartirán la próxima semana, según el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tras reunirse con el delegado del Gobierno, Enric Millo, el director general de la Policía Nacional, Germán López, el jefe superior de policía de Catalunya, Sebastián Trapote, el director general de Aena, Javier Marín, y la directora del aeropuerto de El Prat, Sonia Corrochano. Un encuentro al que no asistió ningún representante del Govern, evidenciando las crecientes discrepancias institucionales. 

REFUERZOS

El nuevo material va acompañado de un refuerzo del despliegue de agentes de la Policía Nacional en El Prat "desde el día siguiente del fin de semana del puente", según el propio cuerpo, con la incorporación de 40 agentes. desde la semana pasada. La Delegación del Gobierno en Barcelona estima que en junio se sumarán medio centenar de policías, que están acabando la formación.

Un despliegue "imprescindible" para operar con garantías en El Prat, que se ha convertido en uno de los principales referentes aéreos europeos, como demuestran su cifras de pasajeros, "pero no así las del dispositivo policial", recuerdan fuentes del cuerpo. "Hasta ahora manteníamos el despliegue pautado hace 4 años, pero es una medida que no se ajusta a la realidad, porque en este tiempo el aeropuerto acumula récords de pasajeros, pero sin un refuerzo de seguridad proporcional", insisten.

Al déficit de cobertura se suma, además, la consolidación de la capital catalana como un destino "cada vez menos atractivo" para los policías nacionales. "En Euskadi pueden ganar de 600 a 800 euros más que en Barcelona, donde los precios inmobiliarios y la carestía de la vida son altos; y, además, la existencia del 'procés' no ayuda", destaca esa misma fuente. La Delegación del Gobierno asegura que se crearán complementos para dotar mejor el destino barcelonés.

DISTANCIAMIENTO

Nieto apuntó a que, con este dispositivo, las puntas excepcionales de tráfico registradas queden en una "anécdota". Uno de esos momentos se produjo este domingo, cuando en cuatro horas se concentraron más de 10.000 personas procedentes de diferentes vuelos, atraídas por el Gran Premio de Catalunya de F-1 y el Salón del Automóvil, entre otros eventos. El secretario de Estado de Seguridad expuso que había informado de la estrategia a la Generalitat, a la que pidió que remara "en la misma dirección".

El Govern celebró en paralelo otro encuentro con los ayuntamientos de Barcelona y de El Prat, así como la Cámara de Comercio, acordando la constitución de una comisión de seguimiento de la situación del aeropuerto, a la que instaron a sumarse a a la Administración General del Estado y a AENA.

Para rematar la evidente distancia entre Generalitat y Gobierno, Millo ha descalificado las acusaciones de la portavoz del Govern, Neus Munté, en las que acusaba a Madrid de orquestar un “sabotaje y un boicot premeditado” en El Prat. Para Millo, todo forma parte de una estrategia para justificar la necesidad del ‘procés’, al tiempo que ha instado al Ejecutivo catalán a analizar aspectos que sean de su competencia, “como las listas de espera en Sanidad”.