La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) está a punto de ser una realidad. La Conselleria de Treball, Afers Socials y Famìlies y las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular han llegado este miércoles a un principio de acuerdo que votará este jueves la comisión promotora de la ILP y, si se ratifica, se suscribirá el lunes con la Generalitat. La paga ascenderá a 550 euros mensuales por persona, lo que representa el 85% del Indice de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC).
La prestación se comenzará a cobrar a partir de septiembre, tras la ratificación por el Parlament. La 'conselleria' ha calculado que a partir de septiembre más de 29.000 personas que perciben actualmente la Renta Mínima de Inserción (426 euros mensuales) se beneficiarán de la RGC y unos 7.000 hogares de familias monoparentales con contratos a tiempo parcial que, en este caso, podrán compatibilizarla con las rentas de trabajo inferiores al IRSC.
La prestación será universal en el 2020 y se cobrará desde un mínimo de 664 euros mensuales por persona hasta un máximo de 1.200. Esta cantidad máxima la percibirán los hogares formados por dos personas y con tres hijos menores a cargo.
Requisitos
Los beneficiarios de la Renta Garantizada de la Ciudadanía tienen que cumplir diversos requisitos. Ser mayor de 23 años, haber agotado todas las prestaciones posibles, el último recurso después de medio año sin ningún ingreso. Además, no se puede tener ninguna propiedad inmobiliaria, a excepción de la residencia habitual. Y hay que llevar dos años viviendo en Catalunya.
CONQUISTA SOCIAL
Las entidades han calificado la RGC como la conquista social más importante de los últimos años y una herramienta imprescindible para combatir la pobreza severa. El acuerdo llega tres años después que los promotores de la ILP presentaran, en diciembre del 2013, en la Cámara catalana un total de 121.191 firmas para reclamar esta prestación. La comisión promotora de la ILP para la Renta Garantizada de Ciudadanía ha mostrado cautela a la hora de analizar los logros conseguidos, ya que esperan hacerlo tras debatir el documento este jueves.
Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a 3.000 entidades sociales, ha destacado la importancia de estre principio de acuerdo porque supone "un nuevo instrumento válido para luchar contra la pobreza y garantiza unos ingresos mínimos para los más vulnerables". El sindicato Comisiones Obreras también ha destacado la importancia del preacuerdo, pero ha criticado que "el texto tenga limitaciones a la hora de afrontar la pobreza vinculada a las rentas de trabajo insuficientes".
La 'conselleria' considera que la renta garantizada, cuyo cobro se revisará anualmente, no solamente es una prestación, ya que va ligada a un plan de inserción social o ocupación. Los beneficiarios que cumplan estos requisitos percibirán una ayuda complementaria de 150 euros mensuales. Si se incumple el plan, se dejará de percibir esta cantidad y, si se rechaza un trabajo, se perderá el derecho a la renta. La renta garantizada es compatible con prestaciones derivadas de la ley de dependencia y con las becas de transporte y comedor escolar.