La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha reclamado este martes un aumento urgente de las tarifas públicas para evitar el colapso de las residencias de la tercera edad, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, y que se vean obligadas a ofrecer un servicio 'low-cost'. Actualmente, 24.000 personas están en listas de espera para acceder a una plaza residencial en Catalunya.

La patronal ha denunciado este martes la delicada situación del sector porque las partidas económicas, que aporta la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, están congeladas desde hace siete años, mientras que los costes del servicio han aumentado el 10,62%. “Sin un aumento de las tarifas tendremos que diseñar un servicio de mínimos con lo imprescindible, un servicio 'low-cost”, ha advertido Cinta Pascual, presidenta de Acra. Según las cifras del pasado mes de marzo del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales (RESES), en Catalunya hay 71.690 plazas de recursos asistenciales (residencias, centros de día, sociosanitarios y viviendas tuteladas), de las que casi 60.000 pertenecen a residencias.

TRASPASOS Y JUBILACIONES

La patronal, que agrupa a 440 entidades y ofrece 37.000 plazas de financiación pública, ha celebrado este martes una jornada en Barcelona y ha presentado un informe económico del sector. “Estamos en un escenario muy complicado”, han añadido. Pascual ha reconocido que no existen cifras sobre el número de centros que han cerrado sus puertas o están a punto de hacerlo, pero ha añadido, para describir el deterioro económico, que la actual cantidad de traspasos, ventas de residencias y jubilaciones de propietarios “es una situación que no se había visto nunca”. "Antes recibíamos una llamada al año de gente que denunciaba su mala situación económica, ahora las llamadas son mensuales”, ha explicado Pascual.

El bloqueo económico se ha traducido hasta el momento en un hecho: las empresas afiliadas a Acra ya han tenido que dejar de hacer un mantenimiento de los centros y renunciar a ampliar las instalaciones.

La organización ha reclamado a la Generalitat una corrección "de tarifa mínima del 11%" y avanza que, si no se produce, en el futuro "habrá unas consecuencias imprevisibles en la calidad del servicio", señala el informe. Acra ha denunciado, además, que las nuevas adjudicaciones de gestión de los centros ofrecen precios todavía más bajos que los actuales. "La Administración está comprando el servicio por debajo del coste y los hace inviables", concluye el estudio.