El Tribunal Superior de Londres decidirá en los próximos días si suspende provisionalmente la extradición a España de Antonio Troitiño, reclamado por presunta reintegración a ETA, a la espera de que se resuelva un juicio paralelo de inmigración.
Los jueces Ian Burnett y Duncan Ouseley de ese tribunal escucharon hoy una petición de la defensa, que solicita que se prorrogue una orden judicial de emergencia que obtuvo en febrero para evitar que las autoridades británicas entregaran a su cliente antes de que concluyera un proceso que tiene abierto en el Tribunal de Inmigración y Asilo.
Los magistrados señalaron hoy que se pronunciarán "lo antes posible" sobre si mantienen esa orden, en cuyo caso el juicio de inmigración seguirá adelante, o si la anulan, cuando en principio el etarra convicto será extraditado.
La defensa obtuvo esa orden de emergencia cuando la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) británica procedió a extraditar a Troitiño después de que el 9 de febrero otros jueces del Tribunal Superior le denegaran la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en el Reino Unido.
Una vez hay luz verde para la extradición, la NCA tiene un plazo de diez días para entregar al sospechoso, al amparo del sistema europeo.
Sin embargo, en este caso, los abogados de Troitiño alegan que no puede ser entregado hasta que no se resuelva el proceso que se sigue en el Tribunal de Inmigración, listado para el 9 y el 10 de mayo.
Los magistrados también oyeron argumentos del ministerio del Interior, que litiga con Troitiño en el caso de inmigración y, como partes interesadas, la NCA y la fiscalía británica, que representa a la Justicia española en el proceso de extradición.
La convergencia de los dos procesos, migratorio y de extradición, ha complicado el caso del etarra convicto, hasta el punto de que puede sentar jurisprudencia en el Reino Unido.
La defensa, encabezada hoy por Laura Dubinsky, alega que el Superior debe mantener la orden porque la sección 39 de la ley de extradición británica señala que un sujeto no puede ser extraditado si tiene una petición de asilo pendiente de resolución.
La abogada del ministerio del Interior, Julie Anderson, sostuvo por su parte que no existe tal petición de asilo y que lo único que tiene pendiente Troitiño en el Tribunal de Inmigración y Asilo es su recurso a una decisión de deportarle tomada por esa cartera hace varios años.
Anderson también arguyó que el equipo del sospechoso está usando el pretexto de la petición de asilo para "abusar del proceso", lo que comporta un "gasto innecesario" de dinero público.
Los jueces del Tribunal Superior deben determinar, en base a tecnicismos legales, si, efectivamente, Antonio Troitiño cursó una petición de asilo en el plazo previsto y, si así fue, si ésta sigue pendiente, en cuyo caso no podría todavía ser extraditado.
El procesado, de 59 años, fue trasladado a la cárcel de alta seguridad Belmarsh de Londres, a petición de la Justicia española, después de que el 25 de noviembre el Tribunal Superior aprobara su extradición, en su cuarto proceso en el Reino Unido.
Detenido por primera vez en la capital británica en 2012, Antonio Troitiño ha protagonizado cuatro procesos de extradición en el Reino Unido, en virtud de cuatro euroórdenes emitidas por la Audiencia Nacional española.
Llegó a este país después de haber salido en libertad en España en abril de 2011, tras cumplir una pena de 24 años por varios atentados cometidos en los años 80.