Un día después de que EL PERIÓDICO haya denunciado que Ensenyament derivó a colegios concertados casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales, o sea, 81 millones de euros, la entonces 'consellera' Irene Rigau ha asegurado este martes con vehemencia: "Lo que hicimos no fue desviar, sino administrar de diferente manera el dinero que había". Lo ha dicho en declaraciones a RAC-1, donde ha defendido que "la prioridad era pagar las nóminas del profesorado. Me extraña que alguien ponga en duda que se tuvieran que pagar las nóminas de los trabajadores".
Respecto a lo que ocurrió con las guarderías, Rigau ha asegurado: "Lo que pagaba la Generalitat lo pagaron las diputaciones, con un acuerdo marco, porque eran de titularidad municipal, porque el Estado había disminuido el presupuesto de la Generalitat y había aumentado el de las diputaciones".
En la misma línea se ha pronunciado la 'consellera' de Presidència, Neus Munté: “Creo que el término desviar recursos públicos es totalmente desafortunado, es falso, si contextualizamos en el momento presupuestario al que se hace referencia -la legislatura 2012-2014- con enormes dificultades presupuestarias, el objetivo fue priorizar las nóminas del profesorado público y concertado", ha asegurado.
"Hubo un acuerdo con las cuatro diputaciones para sostener el tramo 0-3, que no es obligatorio, y para mantener el tramo obligatorio de 3 a 6 años y la garantía de pago de nóminas del profesorado", ha insistido.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, en total se desviaron 81,7 millones que estaban reservadas por la Conselleria d’Ensenyament para financiar el servicio de guardería que prestan los ayuntamientos catalanes a los conciertos educativos, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos de la Administración para escolarizar a sus alumnos. Así lo reconocía la misma ‘conselleria’ (entonces dirigida por la convergente Irene Rigau) en una carta registrada el pasado 11 de octubre y enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En concreto, fueron más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014.
Una treintena de municipios han puesto una demanda colectiva a la Generalitat por el impago.