La primera batalla del Ayuntamiento de Barcelona contra las eléctricas a cuenta de la pobreza energética, de la voluntad municipal de que las empresas asuman por contrato su implicación en la lucha contra los efectos de este fenómeno, se ha saldado con una derrota del gobierno municipal de Ada Colau.
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, organismo independiente adscrito a la Generalitat, ha anulado este jueves el concurso municipal del suministro de la luz a Barcelona, por valor de 65 millones de euros. Un concurso al que no se presentaron las grandes empresas que habitualmente parten el bacalao en estas lides: Endesa y Gas Natural. No lo hicieron por estar en desacuerdo con una cláusula que las implicaba contra la pobreza energética. Las firmas argumentaron que estaba fuera de lugar porque suponía aceptar obligaciones
Un tribunal reformado tras el conflicto de ATLL
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público es el sucesor del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), reformado por el Gobierno catalán tras las críticas que recibió por su papel en el conflicto de Aigües Ter Llobregat, cuando invalidó la concesión a Acciona de la gestión de la suministradora de agua en el área metropolitana. Entonces, al frente del organismo estaba, en solitario, Juan Antonio Gallo (hijo del periodista y político Federico Gallo). La Generalitat lo amplió a una dirección colegiada de tres personas.
no definidas, ya que deben quedar recogidas en un convenio que está todavía por firmar.
EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS
El concurso no quedó desierto. Otras compañías, de menor envergadura, como Nexus, Som Energia, Factor Energia y Aura se presentaron. La amenaza se concretaba: si no te implicas, no obtienes el contrato.
Además de apelar a que no conocían cómo se concretará el convenio, las eléctricas argumentaron que el objeto del contrato a licitar tiene que ser el suministro, prestación de servicio por la que se paga un precio acordado. En cambio, en el caso de la pobreza energética, la empresa que logre la adjudicación no recibiría dinero alguno. También arguyeron que las empresas pequeñas que sí optaron a la licitación no se verían especialmente afectados por la obligatoriedad de asumir costes por la pobreza energética que se da en Barcelona por no tener una cantidad considerable de clientes en la ciudad.
Con estos argumentos, entre otros, las empresas recurrieron el concurso, lo que llevó a que el Tribunal Catalán de Contratos lo suspendiera cautelarmente el pasado 15 de febrero.
Este jueves, el tribunal ha comunicado su decisión. Para tomar esta medida de anular el concurso ha atendido parte del recurso de Endesa, por considerar, según figura en su resolución, que no era necesario estudiar otros elementos presentes en la instancia de las eléctricas para dar un portazo a los planes del consistorio.
RÉPLICA DEL CONSISTORIO
El gobierno municipal ha optado por guardar silencio hasta este viernes. Será el concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, quién dé la réplica del consistorio a la decisión del organismo. Por de pronto, el ayuntamiento mantiene que su empeño es defender la aplicación de la ley 24/2015, que en la parte que atañe a pobreza energética no está suspendida por el Tribunal Constitucional.
El convenio por firmar es como un elefante en el salón de las eléctricas, de las que cabe subrayar que han puesto condiciones para paliar los efectos de la pobreza energética. Pero pese a que en tiempos que ya suenan remotos la Generalitat les instó a aportar recursos a un fondo con tal fin, el dinero nunca ha aparecido.
El consistorio firmó en julio pasado una instrucción que preveía sanciones a las empresas que no firmaran un convenio en el que quedaran reguladas sus obligaciones. Ese empeño ha sido superado por la voluntad conjunta de administraciones que operan en Catalunya, la Generalitat y los ayuntamientos, para parir un convenio conjunto que, de nuevo, se invitará a firmar a las suministradoras. Esa firma debería quedar registrada en el documento a finales de mes, pero los pronósticos al respecto no son excesivamente optimistas.
NUEVA OPERADORA MUNICIPAL
Por de pronto, el gobierno de Colau deberá ver cómo afronta la anulación del concurso y cómo obliga a las empresas a apoquinar por la pobreza energética. En noviembre, el consistorio las amenazó con dejar de pagarles facturas de familias sin recursos a menos de que asumieran el 50% de los tres millones que cada año Barcelona invierte para afrontar el fenómeno.
En el horizonte se dibuja una solución para el objetivo del ayuntamiento: la creación de un operador municipal energético que preste el servicio con las condiciones que decida la Administración barcelonesa.
La oposición acusa a Colau de quedarse en “las buenas intenciones”
La anulación del proceso de adjudicación eléctrico del ayuntamiento ha provocado críticas de la oposición, que acusa a la alcaldesa, Ada Colau, de generar expectativas sin asegurarse de los resultados. El portavoz del grupo Demòcrata (antes, grupo de CiU), Joaquim Forn, ha advertido de que el gobierno municipal “tiene que ser riguroso y jurídicamente impecable”. “No es suficiente tener buenas intenciones y grandes deseos, o publicar tuits eufóricos. Lamentablemente, las cosas no se han hecho bien y el concurso ha sido anulado”, ha subrayado. El concejal de Ciutadans Santiago Alonso ha acusado a Colau de “generar frustración” al promover “iniciativas sin futuro, como la cláusula de pobreza energética”. Alonso ha denunciado “el anuncio constante de medidas vacías y sin fundamento legal que van de cara a la galería" en la gestión del equipo de gobierno. Por el PP, el edil Javier Mulleras ha denunciado que el ayuntamiento solo invirtió el 30% de la partida prevista en el 2016 para combatir la pobreza energética: "Colau continúa generando inseguridad jurídica en Barcelona", afirma