El proyecto de ley de vivienda, que sustituye los tres artículos de la norma catalana 24/2015 de emergencia social suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), se debate este jueves en el Parlament de Catalunya. El texto incluye dos novedades: abre la puerta a la regulación de los alquileres abusivos en un plazo máximo de nueve meses y busca que se reconozca el fenómeno social de la ocupación de viviendas.
La norma introduce una disposición final para legislar en un plazo máximo de nueve meses el tema de los alquileres abusivos, “adoptando medidas que contribuyan a evitar incrementos de las rentas que puedan considerarse desproporcionadas”, según el texto que debatirá la Cámara catalana.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado insistentemente que se limiten las rentas por ley. Solamente el 1,5% de los pisos que hay en la ciudad tienen un alquiler protegido. Actualmente, tres de cada cuatro viviendas de alquiler en la ciudad de Barcelona superan los 1.000 euros mensuales. Los disparatados precios de los arrendamientos expulsan diariamente a numerosos vecinos de los distritos con más demanda turística como Ciutat Vella y Poblenou, entre otros.
REGISTRO DE VIVIENDAS
El proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial reconoce una realidad social, ya sea por ideología o por necesidad, como es la ocupación de viviendas. El texto recoge propuestas realizadas por las entidades sociales y que prevalezca el criterio de la Administración en las adjudicaciones de pisos ocupados.
La PAH critica la "ridícula" inversión
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama al Govern que invierta en políticas de vivienda el 1,5% del producto interior bruto (PIB) de Catalunya. Para llegar a este porcentaje, según los cálculos de esta entidad, habría que destinar 3.255 millones de euros. La inversión actual se sitúa en 64 millones, lo que equivale a un 0,02% del PIB catalán. La PAH califica de "rídiculas" las cifras y asegura que se parecen más a "una propina" que a un compromiso real y firme con el derecho a la vivienda. La organización recuerda que los países que son referencia en políticas sociales como Holanda, Reino Unido o Suecia, aportan el 3% de su presupuesto al capítulo de vivienda.
El proyecto contempla “expropiar el uso temporal de la vivienda” entre 3 y 5 años para destinarla a alquiler social. Los datos revelan que la mitad de los pisos propiedad de las entidades financieras están ocupados. En el Registro de viviendas vacías y pisos ocupados tenía inscritos el pasado mes de mayo más de 46.000 viviendas propiedad de entidades financieras y grandes tenedores en alguno de los 72 municipios catalanes con "demanda acreditada" de alojamientos. El texto argumenta que este parque inmobiliario "es un instrumento clave para alcanzar los objetivos de la ley".