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El Congreso pide que la ley del alcohol limite la publicidad

La Cámara Baja aprueba una moción del PNV que insta al Gobierno a elaborar una norma más ambiciosa que la anunciada por la ministra

El PP ha apoyado el texto pese a que sus enmiendas fueron rechazadas y sólo el PDECat se ha quedado fuera del consenso por supuestas razones competenciales

Menores haciendo botellón. / ADRIANA DOMÍNGUEZ

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción del PNV en la que se insta al Gobierno a aprobar una ley contra el consumo de alcohol por menores que en algunos aspectos va más allá de la anunciada por la ministra de SanidadDolors Monserrat. El texto recoge que entre otras medidas se debería “prohibir o limitar la publicidad de alcohol tanto directa como indirecta en medios de comunicación de difusión en todo el territorio del Estado y en redes sociales”.

Se trata de una polémica cuestión que no figuraba en el proyecto de ley elaborado en una anterior legislatura y en el que ahora pretende basarse el ministerio para la nueva normativa. La limitación publicitaria es crucial para cambiar la percepción de bajo riesgo en el consumo de alcohol que impera entre los menores, según coinciden los expertos. El gobierno vasco aprobó una estricta normativa en este sentido, pero el Tribunal Constitucional la suspendió a petición del Gobierno.

El PP presentó una enmienda a la moción en la que desparecía la referencia a la publicidad y también el plazo de seis meses para la elaboración de un “informe multidisciplinar” elaborado por los agentes sociales que también incluye el texto de los nacionalistas. Pese a que estaos han rechazado las momodificaciones, los populares han votado a favor para no desmarcarse del consenso.

Una actitud contraria a la mantenida por el PDECat, la antigua Convergència, que argumenta su abstención en la seguridad de que la nueva ley invadirá su competencia para legislar en la materia. Eso pese a que la moción aprobada establece explícitamente que el proyecto de ley que lleve el Gobierno a la Cámara Baja deberá  respetar “ escrupulosamente las competencias de las Comunidades Autónomas”.

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