El conflicto institucional abierto entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior a cuenta de la orden municipal de cese de actividad del centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca ha vivido este miércoles un nuevo capítulo de lo que el propio teniente de alcalde de Derechos de la ciudadanía y Diversidad, Jaume Asens, ha calificado de “culebrón” que, ha calculado, podría prolongarse un año.
El capítulo ha empezado con un auto del juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona, que ha denegado al consistorio la posibilidad de entrar a inspeccionar el CIE para comprobar si hay internos y si se han hecho las reformas necesarias para cumplir con las normas contra incendios. El auto determina que no se autoriza la entrada, aunque también pone en duda que el consistorio esté en posición de ordenar la clausura del CIE. .
Entre otros argumentos, la jueza advierte de que no tiene sentido una inspección para conocer si el CIE ha retomado su actividad -lo que supondría
Un choque institucional
El conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y e Interior empezó cuando el primero dictó una orden de cese de actividad del CIE de la Zona Franca, el 4 de julio, con el argumento de que no cuenta con la licencia pertinente y de que no cumple con las normas de seguridad contra incendios. Interior ha hecho por ahora caso omiso. Para que quedara clara su actitud, reabrió el CIE horas después de que se conociera la orden de cierre municipal.
que vulnera la orden de cese de actividad del consistorio- porque es “público y notorio” que así es, a la vista de que los medios de comunicación lo han confirmado.
SERVICIOS JURÍDICOS
Asens, que ha comentado la decisión judicial la tarde de este miércoles, ha afirmado que los servicios jurídicos querían conocer de forma oficial si el CIE vuelve a funcionar, y que ahora estudiarán si basta con las informaciones periodísticas para actuar. Si eso sucede, el consistorio podría dictar una orden de precinto, que con toda probabilidad sería sometida de nuevo a decisión judicial: si Interior tampoco acepta el precinto, el ayuntamiento acudiría al juez. El teniente de alcalde ha afirmado que la jueza "se extralimita" al opinar sobre si el ayuntamiento puede ordenar el CIE, ya que no le corresponde opinar al respecto.
Asens ha dado por hecho que Interior presentará recurso contra la orden de cese de actividad, dictada el pasado 4 de julio. Tiene hasta el 4 de agosto para hacerlo. Si no, ha dicho el teniente de alcalde, la orden de cierre sería firme.Si lo presenta, el pulso seguiría un año más.