La obsolescencia programada (OP), la caducidad de un producto planificada de antemano por el fabricante, está tan instalada en nuestro sistema económico que resulta sumamente difícil acabar con ella. Es un resultado del consumismo más perverso: "Baterías que solo duran dos años, lavavajillas que se rompen a los tres, neveras imposibles de reparar porque el arreglo cuesta más que una nueva. Eso es la OP", destaca la fundación Feniss, que impulsa en España un cambio de paradigma. "Pedimos a los partidos políticos -subraya- que incluyan en sus programas de las próximas elecciones una norma que castigue esta práctica".
En un debate organizado en Barcelona por Feniss, los representantes de ERC, PSC, ICV, Podemos y Recortes Cero han considerado que es necesario seguir los pasos de Francia, que el año pasado aprobó una ley que impone penas de prisión a las empresas que violen los derechos del consumidor en este terreno. También propone que las empresas faciliten la reparación de los productos y un etiquetado que informe al consumidor si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero. CDC, C's y PP han declinado asistir al debate.
Juanjo Cáceres (Podemos) ha recordado que su partido ha presentado una enmienda en el Congreso contra la OP. "Nuestro modelo -ha comentado- está marcado por una fuerte competencia que impulsa a las empresas a renovar constantemente sus productos. Eso genera un despilfarro y una presión para el consumidor". Según Cáceres, es clave que el comprador tenga más información del producto que se lleva a su casa.
Certificación de buenas prácticas
La fundación Feniss ha otorgado durante el mismo acto en Barcelona sus nuevos sellos ISSOP a aquellas entidades comprometidas con la economía del bien común "y fabrican sus productos sin obsolescencia programada, utilizando preferentemente materias primas locales o provenientes del comercio justo". Los nuevos premiados han sido las empresas Buitsalud, Expografic, Autoergon 2002, Zumex y Proyecto Amber África. Los primeros sellos se otorgaron el pasado más de enero a Casio, SostreCívic, Scanfisk Seafood, 4A + A Arquitectura Ambiental, Prososphera, AledGeeni, ATP iluminación y TAT_lab. Ya son más de un centenar de empresas las que han solicitado hasta el momento la certificación.
Josep Vendrell (ICV) ha recordado que la OP tiene repercusiones nefastas en el ámbito ambiental. "El planeta no es finito", ha lamentado, tras recordar que un europeo genera cinco veces más residuos que un africano, y que a muchos minerales les quedan pocas décadas de vida. Uno de sus dardos ha ido contra el Tratado de Comercio entre la UE y EEUU (TTIP), "que no deja de ser un instrumento para que este sistema de globalización sin barreras vaya más allá".
En la misma línea, Mercè Perea (PSC) ha recordado la necesidad de cambiar las cosas con rapidez, "antes de que sea demasiado tarde para la Tierra". "La obsolescencia programada nos hace dependientes de los poderes económicos -ha añadido-. La izquierda tiene mucho que decir".
Jordi Oliver (ERC), por su parte, ha recordado que la OP es una consecuencia de un modelo que nace con la revolución industrial en el siglo XVIII. "En aquellos tiempos, el acceso a la materia prima no era un problema, pero ahora ya no da mucho más de sí". En este sentido, ha dicho, su partido popondrá que todas las administraciones públicas "contraten servicios en lugar de comprar material". Es decir, que si un ayuntamiento necesita tóner para sus impresoras, por ejemplo, suscriba un contrato de suministro anual en lugar de cartuchos individuales.
Finalmente, Esteban Cabal (Recortes Cero) se ha mostrado muy duro y ha pedido que se retiren del mercado los productos que se haya demostrado que se han fabricado con OP.