Protesta ante el Parlament por las becas de comedor

La plataforma por los derechos educativos de la infancia reclama que las ayudas cubran el 100% del coste de la comida

Las 80.000 becas concedidas este curso solo cubren un tercio de las necesidades, asegura el colectivo

Participantes en la concentración delante del Parlament para reclamar mejoras en el sistema de becas de comedor. / JOAN CORTADELLAS

Una treintena de activistas de la Plataforma Drets de la Infància en l'Àmbit Educatiu (formada por la Fapac, el colegio profesional de educadores, los sindicatos USTEC, CCOO y CGT, entre otras organizaciones) ha reclamado este jueves en un acto reivindicativo ante el Parlament medidas para garantizar la alimentación de los estudiantes más vulnerables durante el verano. La protesta también ha servido para reiterar la denuncia de que el actual sistema de becas de comedor no alcanza para cubrir todas las necesidades de los alumnos.

La plataforma ha explicado que este curso 2015-2016 se han concedido unas 80.000 ayudas alimentarias, a las que se añadirán las dos partidas extraordinarias del Ayuntamiento de Barcelona y las aportaciones de la Generalitat derivadas del pleno de la pobreza, que ha calculado en entre 15.000 y 20.000 becas adicionales. Esto, aseguran los manifestantes, supone que no se está llegando "ni a un tercio" de los 300.000 menores en riesgo de exclusión que están actualmente escolarizados en Catalunya.

El gran problema, ha subrayado la plataforma, es la educación secundaria, donde existe "un importante agujero negro". El colectivo pide que las becas comedor cubran del 100% del coste de la comida a todos los alumnos que viven en hogares bajo el índice de pobreza publicado por el Idescat, el indicador Arope, y no solo el 50% como ocurre actualmente. Solo en los casos más críticos, la beca es completa.

También ha solicitado que se agilice la burocracia en la atención a las personas, la renta básica para las familias en situación de vulnerabilidad, que se prohíban los desahucios en hogares donde vivan menores, y el mantenimiento de los suministros básicos porque "los derechos de las personas pasan por encima de las peleas de competencias entre jueces y administraciones".